 VII. Balance y recomendaciones
VII. BALANCE Y RECOMENDACIONES
- Consideraciones Generales
Lo analizado hasta aquí evidencia claramente que el problema de la financiación política es una realidad compleja e
innegable, y que no existen soluciones mágicas a las cuales recurrir. De ahí, precisamente, la importancia de que todo intento de
reforma electoral en materia de financiación tenga brújula para no perder su norte. En efecto, la premisa de que en materia electoral no existen verdades absolutas o soluciones ideales cobra aún mayor fuerza en el
ámbito de la financiación por dos razones principales. Una, la estrecha vinculación del tema tanto con las
características específicas del sistema político en general, como con las del sistema de partidos en particular. Dos, la
relación indisoluble que el tema presenta con los valores de la cultura política, lo que puede llevar a que una misma solución
sea evaluada de manera totalmente contradictoria en contextos diferentes. Así por ejemplo, mientras en los países escandinavos la
publicación de los gastos electorales y de las fuentes de financiamiento es percibida como una violación al principio fundamental del
secreto de voto, en otros países (Alemania y Canadá), por el contrario, son vistos como una garantía de la transparencia de la
vida política y del derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.75
Otras tres consideraciones son pertinentes en relación con este tema. La primera de ellas radica en destacar la importancia de examinar
el sistema de financiamiento no sólo en función de los objetivos buscados por el esfuerzo reformador y en relación con los
efectos deseados sobre el sistema político y el de partidos, sino también respecto del grado de eficacia de las normas como de los
efectos no deseados o perversos, evitando caer en el error de llevar a cabo evaluaciones en abstracto y basadas en modelos ideales. La segunda pasa
por la necesidad de insistir que toda reforma al sistema de financiación no sea analizada de manera aislada sino como parte integral de la
reforma político-electoral en su conjunto. Ello por cuanto sus consecuencias afectan aspectos de gran importancia tales como la contienda
interpartidista, las condiciones de la competencia, el sistema de partidos y, consecuentemente la propia credibilidad y legitimidad de la
democracia misma. Como bien expresa Giovanni Sartori "Más que ningún otro factor es la competencia entre partidos con recursos
equilibrados (políticos, humanos, económicos) la que genera democracia"76. La tercera y última
consideración consiste en comprender la verdadera naturaleza de esta problemática como la experiencia comparada lo enseña: un
tema condenado a la sucesión de distintas reformas legales, que den respuesta al estado y concreta evolución de las necesidades en un
momento y en un país dado. De ahí la importancia de tener en cuenta su carácter fluctuante y coyuntural, pues la
adopción de una solución suele engendrar efectos perniciosos que deben ser nuevamente corregidos mediante una nueva reforma legal. No
en vano en Alemania, país que viene prestando a este tema atención destacada en los últimos 40 años, se le denomina la
"legislación interminable".77
Por otro lado, toda reforma en torno a este tema debe tener como norte lograr mayores y mejores niveles de transparencia tanto en materia de
ingresos como de gastos de los partidos. En efecto, el tema de la transparencia y la publicidad son aspectos claves en la lucha contra la
corrupción política. En principio esta demanda pareciera deseable preferiblemente para las grandes contribuciones pero no para las
pequeñas, ello por cuanto a mayor nivel de contribución existiría mayor riesgo de dependencia y mayor peligro de
corrupción; de ahí la necesidad de una mayor transparencia y publicidad.
Si bien deseable, empero, cabe preguntarse cuán realista es esta demanda de transparencia en materia de financiamiento político.
En principio pareciera serlo poco dada la enorme complejidad que ella encierra. Un primer ejemplo de esta complejidad pasa por la dificultad de
poder probar aquellas contribuciones ilícitas (sea en dinero, en bienes o en servicios) que provienen de personas, incluidos ciertos
funcionarios públicos, o bien, de empresas vinculadas al Estado. La ilegalidad en estos casos se produce como consecuencia del abuso en el
ejercicio de un cargo o mandato público para fines personales o de un partido, con el objetivo de aprovechar su situación para
recaudar fondos o bien al poner a disposición de su partido o candidato medios y/o bienes estatales en especial durante las campañas
electorales. Como bien apunta Angel Álvarez refiriéndose al caso venezolano "como ha sido sistemáticamente debatido y
denunciado en el país, el sector público central y descentralizado es y ha sido históricamente una fuente permanente de
financiamiento ilegal de los partidos, de los candidatos, e incluso de los gastos personales de los dirigentes partidistas". 78
Por su parte, otras medidas tales como exigir que sí un diputado recibe dinero deba declararlo, ayudan en principio a ejercer un mayor
control. Sin embargo, el problema es que terceros no participantes en la contienda electoral pueden hacer campaña en favor de temas muy
cercanos a ciertos candidatos o partidos sin darle dinero directamente a éstos, pero sí beneficiándoles mediante un apoyo
indirecto. Otra manera de brindar este apoyo indirecto pasa por darle dinero a las fundaciones de los partidos. Y aquí es donde el tema se
complica ya que si bien es posible limitar estos mecanismos o vías indirectas de financiamiento que impiden una total transparencia de las
fuentes de dinero que ingresan a la política, ello podría constituir una violación del derecho a la libertad de
expresión.
Por lo tanto el dilema es obvio. Si la ley quiere ser efectiva en materia de transparencia debe ser general y poder ser aplicada a todos y no
únicamente a los partidos políticos o a los candidatos, ya que de lo contrario existen caminos alternos e indirectos para escapar al
control. De ahí la importancia de no limitarse a pensar únicamente en mecanismos jurídicos o caer en el problema de la
sobre-regulación, que dificulta la comprensión de las normas y favorece más bien la impunidad. No será sólo
mediante regulaciones como podrá erradicarse la desviación patológica del financiamiento y sus nefastas consecuencias para la
ética en la administración pública, sin perjuicio de reconocer que un mejor marco legal puede traer consecuencias positivas en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
En efecto, el fortalecimiento de los mecanismos regulatorios y de la capacidad de los órganos de supervisión y
fiscalización, si bien fundamental, sólo cubre una parte del problema, ya que muchas veces el financiamiento y los compromisos no
llegan a los partidos quedando más bien a nivel del candidato y de un reducido número de sus allegados más cercanos. Esta
observación cobra una importancia especial en el caso de Latinoamérica donde la contienda política suele basarse más en
las personalidades de los candidatos que en la de los partidos, especialmente ahora con la crisis de imagen y credibilidad que vienen sufriendo las
organizaciones partidistas y el surgimiento de liderazgos regionales en virtud del proceso de descentralización, todo lo cual suele traer
como efecto que las transacciones entre donante y beneficiario adquieran un carácter aún más secreto. De ahí que muchas
veces los principales dirigentes o miembros del partido no estén enterados de las contribuciones privadas (muchas de ellas de dudoso origen
y de elevado monto) sino tan sólo el candidato y su entorno, conformado muchas veces por contribuyentes privados y/o personas
extrañas al partido.
Por ello, la instauración de un sistema de financiamiento transparente y sujeto a control debe responder a las particularidades y
necesidades propias de cada país y fundamentarse en una estrategia holística y bien articulada. Dicho sistema debe ser producto de
una combinación de marcos legales efectivos, con un fortalecimiento organizacional y técnico de las instituciones de control, y la
actitud vigilante de la sociedad civil y de los medios de comunicación comprometidos con el control y la sanción de los abusos. Como
ya se señaló, en la mayoría de los países de América Latina, el proceso de regulación de la
financiación de la política es bastante reciente y por ello la capacidad institucional de los entes responsables de hacer cumplir las
normas, así como el involucramiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación es todavía incipiente.
Para decirlo en palabras de De la Calle "…no basta con recorrer el camino de las reformas legales. Hay mucho de entorno cultural y de
pedagogía pública involucrada en el tema de la financiación política"79. En efecto, en la
mayoría de los países de nuestra región hasta fecha muy reciente, el contexto cultural en relación con la
legislación sobre control financiero de las campañas electorales era bastante permisivo, como consecuencia de la poca importancia que
la ciudadanía prestaba a la violación de la ley electoral en este ámbito. Esta situación ha comenzado a cambiar,
producto del creciente hartazgo de la gente con los escándalos de corrupción política, pudiendo constatarse a la fecha una
actitud distinta de parte de la opinión pública la cual demanda mayor transparencia y "accountability" en relación con este
tema. Lo anterior debe ser aprovechado para sensibilizar a la opinión pública, a los medios de comunicación masiva, a las
ONG's (vedurías ciudadanas), etc., en relación con el importante papel que éstos están llamados a jugar no sólo
en la tarea de seguimiento de cuánto se gasta, cómo se gasta, quién lo financia, etc., sino además en la vigilancia
sobre quiénes y bajo qué procedimientos se otorga la contratación de obras y servicios del Estado.
- Conclusión
De 1978 - inicio de la transición democrática en América Latina - a la fecha se han producido avances importantes en
materia de financiamiento de la política en nuestra región. No obstante, esta evolución, resta aún mucho camino por
recorrer. En este sentido, es preciso señalar que éste es un tema dinámico, en constante desarrollo y que por tanto
está forzado a la sucesión de distintas reformas legales que se ajusten a las necesidades concretas de un país determinado en
un momento dado. En efecto, las reformas en este campo suelen tener por lo general un carácter coyuntural y los avances se van logrando
mediante aproximaciones sucesivas y no de una sola vez.
Un balance de la situación actual, a nivel regional, muestra como principales características las siguientes:
En lo formal, un sistema predominantemente mixto y sin una tendencia clara a favor o en contra del financiamiento público. Esta
característica se complementa con una proclividad a acentuar los límites legales a las contribuciones privadas (prohición en
cuanto al origen de ciertas contribuciones y montos máximos permitidos). Estos rasgos formales contrastan empero con la percepción
generalizada de que las donaciones privadas, cuyos montos totales no se conocen a ciencia cierta, superan a los fondos públicos;
presunción que se ve reforzada por los frecuentes escándalos de corrupción, financiamiento ilegal, narcodinero, etc.
Este lado oscuro del financiamiento de la política viene propiciando reformas tendentes a lograr mayores niveles de transparencia y
rendición de cuentas; proceso que lamentablemente no está avanzando ni al ritmo ni con la profundidad necesarias.
Debido a la combinación de múltiples factores (regulación inadecuada, ineficacia de los órganos de control y del
régimen de sanciones, practicas políticas favorables a la transgresión) el financiamiento público más que
sustitutivo del privado, ha funcionado como aditamento del mismo. Por ello, y pese a su importancia, el impacto a la fecha ha sido limitado,
variando de país en país.
Se constata igualmente, una tendencia clara en pro del establecimiento de topes a los gastos y al acortamiento de las campañas, con
resultados disimiles en los diferentes países. Esta tendencia se ve acompañada de una reorientación en el uso de los recursos
públicos, destinados al fortalecimiento de los partidos políticos, mediante el apoyo a actividades de investigación y
capacitación.
Mientras ciertos temas rayan el límite de la sobrerregulación, otros en cambio (por ejemplo el acceso equitativo a los medios de
comunicación, especialmente a la televisión), están subregulados o no regulados del todo. Esta es una de las grandes lagunas
que existen hoy a nivel regional, a excepción de unos pocos países (Brasil, Chile, México), ya que en tiempos de la
videopolítica es precisamente en la televisión donde se juega la suerte de las campañas y, por ende, donde se hacen las
mayores erogaciones de dinero (en muchos países entre el 40% y el 70% del total de los gastos).
Pero el verdadero talón de Aquiles del sistema actual y de la gran mayoría de las reformas recientes, pasa por no dotar a los
marcos regulatorios de los órganos y mecanismos de control y seguimiento, así como de un régimen de sanciones eficaz. En
muchos casos, como ya se señaló, estos mecanismos suelen constituir "autopsias de lo ilícito", en otras palabras, actuando de
manera extemporánea y sin impacto real respecto de los resultados del proceso electoral respectivo.
Finalmente, se observa un progresivo y alentador, aunque aún incipiente, papel de los medios de comunicación y de la sociedad
civil en el seguimiento y fiscalización del origen y destino de los recursos manejados por los partidos políticos.
Dentro de este contexto, y basándonos en todo lo aquí analizado, somos de la opinión de que toda propuesta de reforma en
materia de financiación política debiera girar, entre otros, en torno a los siguientes siete objetivos centrales, a saber: (i)
reducir la influencia del dinero mediante la disminución de su impacto (acortar campañas 80 , fijar topes a
los gastos, imponer límites y ampliar la posibilidad de las contribuciones individuales); (ii) mejorar el uso del dinero
invirtiéndolo en actividades más productivas para la democracia y no simplemente derrochándolo en propaganda y en
campañas negativas; (iii) poner coto o al menos disminuir al máximo posible los actuales niveles de tráfico de influencia y
corrupción política; (iv) fortalecer la publicidad y transparencia tanto respecto del origen como del uso del dinero; (v) promover
condiciones más equitativas en la competencia electoral, especialmente en lo relativo al acceso a los medios de comunicación; (vi)
fortalecer los órganos y mecanismos de control; y (vii) endurecer y volver eficaz el régimen de sanciones.
Pero, obviamente, las reformas legales e institucionales serán poco efectivas si las mismas no son acompañadas del necesario
cambio en la manera de hacer política, es decir, en la actitud, los valores y el comportamiento mismo de los políticos, para dejar de
lado, de una vez por todas, el modelo de "políticos de negocio". De ahí, precisamente, la importancia de que se imponga la
obligación de rendir cuentas a los funcionarios electos, por cuanto creemos que es este un instrumento de la mayor importancia no
sólo para combatir la corrupción, sino, además, para ejercer un mayor control -institucional, interpartidario y de la
opinión pública- sobre los funcionarios electos y los políticos.
En suma, nuestra época demanda un reacercamiento de la acción política a la ética, una nueva convergencia entre
ética y política y, en el cumplimiento de este objetivo vital para la salud y el futuro de la democracia en nuestra región, la
financiación de la política juega un papel central. O hacemos algo, rápido y en la dirección correcta o de lo
contrario la democracia dejará de ser "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" para convertirse en "el gobierno del dinero,
por el dinero, y para el dinero".
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