IV. El acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social
IV. EL ACCESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
En cuanto al acceso de los partidos a los medios, cabe distinguir según se trate de la televisión, la radio o la prensa escrita.
En el caso de la televisión, existen seis modalidades principales: a) franja diaria y gratuita, como ocurre en Brasil y Chile; b) sistema
mixto, donde existe un acceso público gratuito pero en el que predomina la modalidad de contratación publicitaria sin límite
en los medios privados, tal como ocurre en Argentina; c) acceso plural y permanente, gratuito y / o pagado pero con límite tanto para fines
electorales como para la divulgación de sus programas ideológicos y de sus puntos de vista en relación con los asuntos de
interés nacional, tal como sucede en Colombia y México; d) acceso pagado sin topes, por ejemplo Guatemala y Honduras; e) acceso
pagado y con topes máximos, como en Costa Rica, Ecuador y Bolivia; y f) acceso impreciso y sin control, como en el caso de Perú.
La mayoría de los países confieren a los partidos espacios gratuitos en los medios de comunicación, sobre todo en la
televisión pública y por lo general limitado al período de la campaña electoral. De los dieciocho países
estudiados, en 15 de ellos el Estado ofrece acceso gratuito a los medios de comunicación estatales, privados o a ambos (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay), prevaleciendo empero el acceso gratuito a los medios estatales.
Brasil y Chile prohiben en la televisión la propaganda electoral comercial, garantizándoles a cambio a los partidos una franja
diaria de publicidad gratuita durante la campaña electoral. En el resto de los países, existe acceso pagado a la televisión
distinguiéndose dos grupos principales de regulaciones: con límite o sin límite. Por su parte, la radio tiene en la
mayoría de los países un régimen similar al de la televisión. En cuanto a la prensa escrita, en todos los países
se garantiza el acceso pagado a la misma, prevaleciendo la fórmula que autoriza la publicación de propaganda electoral sin
límite.
La modalidad mayoritaria en la región, como ya se dijo, es la que otorga acceso gratuito a los medios de carácter estatal,
fundamentalmente la radio y la televisión, seguida por aquella que brinda acceso gratuito a los medios de comunicación privados y
públicos. Las otras dos categorías; la de los espacios adquiridos por el Estado y la que ofrece dentro del financiamiento
público directo fondos para la propaganda en los medios, son menos comunes 51.
Otra de las tendencias en la región es a otorgar este tipo de financiamiento indirecto exclusivamente para fines de propaganda electoral,
siendo Brasil, Colombia y México los únicos países de la región donde la legislación electoral especifica que el
acceso de los partidos a los medios de comunicación es de carácter permanente.
A. El método de distribución y las condiciones de elegibilidad para el acceso gratuito a los medios de comunicación
Un tema importante a analizar -al igual que lo hicimos en la sección del financiamiento directo- es el método de
distribución de los tiempos, espacios o frecuencias en los medios de comunicación, así como las condiciones de elegibilidad
para recibir este tipo de beneficios.
No existe una tendencia uniforme respecto a estos dos aspectos, y en algunos casos ni siquiera se especifica quiénes son los partidos,
movimientos o candidatos elegibles o el método de reparto. En la mayor parte de países el método de distribución es por
igual entre los partidos (Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay); o se aplica un método combinado (Colombia 52 , Chile y México). Aparte de estas dos
categorías, está el caso de Brasil donde la distribución se rige por la fuerza electoral.
A pesar de que en varios países se distribuyen por igual los tiempos, espacios o frecuencias entre los partidos políticos,
consideramos que es preciso analizar en dichos casos las condiciones de elegibilidad para la obtención de estos beneficios, con el fin de
evitar conclusiones erróneas que aseguren que la distribución por igual es sinónimo de equidad en el acceso a los medios de
comunicación social. En los casos en que se contempla la distribución por igual (ya sea del total o de determinada porción de
los espacios, tiempos o frecuencias), es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿Quiénes participan de esta distribución
igualitaria? O lo que es lo mismo, ¿Distribución por igual entre quiénes?
En este sentido, hemos encontrado que en algunos casos se trata de una distribución por igual con elegibilidad amplia: es decir
distribución por igual entre todos los partidos, alianzas electorales ó candidaturas independientes (Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Chile 53 - para elecciones presidenciales-, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana.).
Por otra parte, se encuentra la distribución por igual con elegibilidad reducida: reparto entre partidos con determinado
porcentaje de votos o representación parlamentaria (Brasil - en cierta forma- y Uruguay) con lo cual se ven beneficiados los candidatos o
partidos que hubieren participado en elecciones anteriores y obtenido algún representante en el parlamento.
El caso de México no puede ubicarse en ninguna de las dos categorías pues aunque una porción de los espacios promocionales
adquiridos por el Instituto Federal Electoral es distribuida por igual entre partidos con representación parlamentaria, otro tipo de acceso
gratuito a los medios brindado por el Estado, beneficia ampliamente a las fuerzas partidarias que no cuentan con escaños parlamentarios,
produciéndose con ello un mayor equilibrio.
Acceso
a los medios de comunicaci�n |
País |
Prohibici�n
de propaganda pagada en los medios |
Acceso
gratuitoa los medios |
F�rmula
de distribuci�n de tiemposY espacios |
Argentina |
|
x |
Por igual entre partidos, confederaciones o coaliciones con listas de
candidatos reconocidas oficialmente. |
Bolivia |
|
x |
Por igual entre partidos o coaliciones y sus candidatos. |
Brasil |
X(a excepci�n de la prensa escrita) |
x |
Un tercio por igual entre todos los partidos con candidatos legalmente
inscritos, 2/3 dividido proporcionalmente al n�mero de representantes de
cada partido ante la C�mara de Diputados. |
Colombia |
|
x |
Una parte por igual y otra proporcional al n�mero de esca�os en el Congreso. |
Costa Rica |
- |
x |
Por igual entre partidos |
Chile |
X(en la televisi�n privada, cinemat�grafos y altoparlantes
fijos o m�viles54 ) |
x |
Elecciones presidenciales: por igual entre candidatos presidenciales;
Elecciones parlamentarias: proporcional al n�mero de votos en las elecciones
anteriores. Existen provisiones especiales para los nuevos partidos |
Ecuador |
|
- |
- |
El Salvador |
|
x |
Por igual entre partidos |
Guatemala |
|
x |
Por igual entre partidos |
Honduras |
|
- |
- |
México |
|
x |
Una parte proporcional a representaci�n legislativa; otra parte por igual
entre los partidos con representaci�n parlamentaria; y un 4% del total de
los tiempos para los nuevos partidos. |
Nicaragua |
|
x |
Por igual entre partidos |
Panamá |
|
x |
Por igual entre partidos |
Paraguay |
|
x |
Por igual entre partidos |
Perú |
|
x |
Por igual entre partidos |
República Dominicana |
|
x |
Por igual entre partidos |
Uruguay |
|
x |
Por igual entre candidatos presidenciales |
Venezuela |
|
|
|
En síntesis, de los países en los que la legislación establece la distribución por igual, resultan ser más
equitativos aquellos en los que rige la modalidad de elegibilidad amplia, que aquellos que tienen una distribución por igual
fundamentada en la modalidad de elegibilidad reducida.
B. La difícil tarea de garantizar el acceso equitativo a los medios de comunicación
El tema de los medios de comunicación está ligado a dos principios democrático-electorales básicos como son la
equidad y el derecho a la información. Por una parte, todos los partidos deben tener la oportunidad de presentar a través de los
medios de comunicación, sus candidatos, plataformas y programas electorales a los ciudadanos. Por otra, los electores deben tener la
posibilidad de informarse adecuadamente acerca de las opciones electorales y de sus propuestas, como una base mínima para realizar una
"elección informada"55.
En los hechos, el principio de equidad resulta difícil de garantizar. Son varias las causas que obstaculizan el acceso igualitario de las
agrupaciones partidarias y sus candidatos a los medios de comunicación. Por una parte, los dueños y administradores de los medios de
comunicación frecuentemente se encuentran vinculados con poderosos grupos económicos (y políticos). Aún en los medios
de propiedad colectiva, es común que los que controlan las acciones tengan intereses específicos que promover o defender, que los
lleva a privilegiar o brindar mayores espacios o tiempos a aquellos grupos políticos que, manifiesta o veladamente, representen dichos
intereses.
En América Latina, las facilidades ofrecidas por el Estado para garantizar un mayor acceso a los medios han venido a contrarrestar en
mayor o menor grado los efectos y desigualdades señalados. No obstante, cabe señalar que a pesar de la existencia de beneficios
estatales en este sentido, aún existen profundas inequidades provocadas fundamentalmente por:
- El predominio en la región de una fórmula que combina el acceso gratuito a los medios, especialmente a los estatales, con una
alternativa de contratación de los medios privados poco regulada y por lo general difícil de controlar. La contratación
privada produce frecuentemente desequilibrios entre los diferentes partidos, en la medida en que son los partidos y candidatos que disponen de
mayores recursos los que tienen más acceso a los espacios privados.
- El bajo "rating" que caracteriza por lo general a las televisoras y frecuencias del Estado, que obliga aún a los pequeños
partidos a optar por la contratación de los medios de comunicación privados. Por ejemplo, en el caso de Perú, el canal
estatal (Canal 7) reunía en 1997 únicamente un 5% de la teleaudiencia, frente a los cuatro canales privados que concentraban entre
todos el 81% de la teleaudiencia.56
- Los efectos de la revolución de las comunicaciones sobre el financiamiento de la política, en tanto el cambio acelerado de este
tipo de tecnología deja desactualizadas determinadas disposiciones jurídicas que regulan el acceso de los partidos a los medios de
comunicación. Si con la televisión por cable se generaron vacíos de regulación y dificultades para el control, la
televisión satelital produce mayores nebulosas. El hecho de que la televisión satelital se produzca fuera de las fronteras
nacionales, deja al Estado desprovisto de métodos de fiscalización oportunos en la medida en que no tiene potestades sobre el
espacio en que operan estas empresas. Estos aspectos pueden incrementar la desigualdad, pues son los partidos con mayores recursos y contactos
internacionales los que estén en capacidad de incursionar en esta nueva modalidad para transmitir sus mensajes políticos 57.
- Si bien en muchos países se establecen espacios gratuitos para los partidos, en pocos de ellos se contempla el apoyo a los costos de
producción de la propaganda. El caso de El Salvador a este respecto es ilustrativo, pues prácticamente los partidos políticos
no hacen uso de los espacios gratuitos en los medios estatales en tanto están desprovistos de apoyo para la producción de sus
mensajes 58. La tarea de producción requiere de altas sumas de dinero ya que en una época de
marketing político como la actual, es necesaria la asistencia y apoyo de profesionales en publicidad, imagen y mercadeo si se quiere
en realidad competir por la atención de la teleaudiencia.
- El tratamiento de la noticia en programas políticos y noticiarios es en algunos casos parcializado a favor o en contra de determinados
partidos o candidatos. Es común en la región que no se establezcan diferencias entre los editoriales y comentarios y la
información brindada. Aunque la cobertura de la noticia implica por lo general, y de manera inevitable connotaciones subjetivas…"un
medio de comunicación de propiedad privada, al apostar por un candidato o por determinada fuerza política, puede tratar la
información y orientar la política de sus noticiarios de manera deliberadamente parcial (…) con evidentes consecuencias sobre
el derecho de información de los ciudadanos y sobre la mínima esfera de equidad que requieren unas elecciones libres y justas" 59.
- Los mensajes y cadenas nacionales emitidas por el gobierno de turno, transmitiendo los logros y resultados concretos de las políticas
de la administración y la finalización e inauguración de obras, pueden generar ventajas en el marco de la campaña
electoral a favor del partido oficial y en detrimento de los partidos de oposición.
En síntesis, la relación de los medios de comunicación (en particular la televisión) con el financiamiento de la
política es una relación de carácter complejo y hasta contradictorio. Por un lado, los medios juegan un papel central en la
fiscalización de la conducta de los funcionarios públicos y de los políticos. Pero por el otro, los medios
electrónicos, en especial la televisión, son la causa principal -en la época actual de la "videocracia" y del homo videns60 - por la que los partidos necesitan grandes sumas de dinero para llevar a cabo sus campañas electorales. Tal es el
caso por ejemplo de Argentina, donde los dos candidatos más importantes gastaron durante el último mes de la campaña
presidencial de 1999 cerca de 30 millones de dólares en avisos publicitarios en los medios de comunicación, de los cuales gran parte
se destinó a la campaña televisada 61.
En efecto, los partidos han tenido que incrementar substancialmente sus presupuestos en la medida en que las campañas se han ido
transformando cada vez más en campañas televisadas. Ello lleva a que los partidos, presionados por conseguir grandes sumas de dinero,
incurran en actos ilegales, como lo testimonia el caso de Italia, donde la corrupción comenzó a acrecentarse claramente a partir de
fines de los setenta y principios de los ochenta, época que coincidió con el hecho de que las campañas se fueron concentrando
más y más en la televisión, mientras que la propiedad de las televisoras se concentró cada vez en menos manos. De
ahí la importancia de fortalecer la tendencia actual dirigida a controlar los "disparadores del gasto electoral", en especial las medidas
destinadas a: (i) reducir la duración de las campañas62 ; (ii) poner límites a los gastos que se
puedan hacer en los medios; (iii) facilitar vía recursos públicos un acceso equitativo de todos los partidos a los medios de
comunicación (tanto públicos como privados); (iv) propiciar un manejo profesional, pluralista y objetivo en el tratamiento de las
noticias políticas y electorales; y (v) tratar de impedir la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos 63.
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