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Por fin, después de 32 días de los comicios presidenciales del 5 de febrero en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones declaró ganador al candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), el ex Presidente Oscar Arias, quien regresa al poder después de 20 años.

La demora en dar a conocer las cifras oficiales se originó a raíz de lo ajustado de los resultados, que motivó al órgano electoral a realizar manualmente el conteo de los votos y a no pronunciarse hasta haber contabilizado la totalidad de las mesas electorales. La diferencia entre el candidato triunfador y su principal oponente, Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), representa tan sólo 1,12% de los votos válidos, que equivale a 18.169 votos. Esta es la segunda menor diferencia registrada entre dos partidos en una contienda presidencial, luego de la elección de 1966, cuando Mario Echandi superó a Daniel Oduber por 0,96% de la votación.

El análisis de los resultados destaca tres aspectos relevantes: primero, un gran desinterés de la ciudadanía por participar en la elección de sus gobernantes; segundo, la fragmentación cada vez mayor del sistema de partidos y, tercero, la reconfiguración de fuerzas en el mapa político costarricense.

En relación con el desinterés de la ciudadanía, éste se reflejó en la frialdad y la opacidad de la campaña y, sobre todo, en el incremento del abstencionismo, que llegó a 34,7%, más de tres puntos por encima de la registrada en las elecciones de 2002.

Múltiples factores incidieron en este comportamiento, entre ellos: el tema del deterioro de los servicios públicos; la ineficiencia del Estado en atender los problemas que afectan a la población, y los pobres resultados de la política económica y social del actual gobierno. Es incuestionable que el desencanto con la clase política desempeñó un papel fundamental en el resultado electoral; en particular, los escándalos de corrupción que durante 2004 y 2005 sacaron a la luz el tráfico de influencias en el seno de los partidos políticos y entre sus principales líderes. Esta desilusión de la ciudadanía con la clase política ha sido corroborada por los datos de Latinobarómetro 2005, que muestran que 82% de los costarricenses desconfía de los partidos políticos y 67% del Congreso.

El segundo aspecto por destacar es el incremento en la fragmentación del sistema de partidos, fenómeno que se observó tanto en la oferta electoral (14 partidos postularon candidatos), como en los resultados, que desembocaron en la extinción del bipartidismo clásico, situando al PLN y al PAC como los dos partidos mayoritarios. Cabe indicar que, aunque el PLN triunfó en la contienda, su éxito no fue total debido a lo cerrado de los resultados. Por su parte, El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fue el gran perdedor, ya que después de ocho años en el poder sólo obtuvo 3,5% de los votos y un total de cinco diputados. Está claro que el principal ganador fue el PAC, que irrumpe con fuerza en el escenario político y casi iguala la votación del PLN, a la vez que se ubica como el segundo bloque en el Congreso.

Por último, debe subrayarse que los resultados de la contienda reconfiguraron el mapa político costarricense. Ello es muy evidente en la composición de la Asamblea Legislativa, que quedó demasiado fraccionada y sin ningún partido con mayoría propia. Así, el PLN y el PAC son las agrupaciones que conformarán los dos grandes bloques legislativos, seguidas por el Movimiento Libertario, el PUSC y varias bancadas unipersonales.

El ascenso del PAC como segunda fuerza electoral en el país, más la tercera posición alcanzada por el Movimiento Libertario y el ascenso de otros pequeños partidos, son claros indicadores de que el electorado apostó por nuevas figuras y formas de hacer política, muy distintas de las tradicionales.

Agenda y retos del nuevo gobierno

El panorama social, político y económico en el que se desarrollaron las elecciones plantea al presidente electo una serie de retos inaplazables y un contexto político en donde la búsqueda de consensos, el diálogo y la negociación serán elementos clave para su gestión.

El gobierno de Arias recibirá un país con una tasa de pobreza de 21,2%, un alto grado de deserción escolar, un índice creciente de inseguridad ciudadana, una infraestructura vial colapsada y un sistema de seguridad social con múltiples problemas en la prestación de servicios. Además, en la agenda legislativa están pendientes la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y un plan fiscal, que han sido motivo de acaloradas discusiones entre diferentes sectores sociales y económicos, y que seguramente continuarán siendo objeto de un importante debate nacional.

Ante esos retos, y a las puertas de un nuevo gobierno, es necesaria la aprobación de una agenda complementaria que permita al país entrar en un proceso de reforma estructural que promueva un Estado más eficiente, con mayores niveles de crecimiento económico y de equidad social. En esa línea, el gobernante electo ha reiterado su compromiso con los sectores más pobres, estableciendo entre sus prioridades: la seguridad ciudadana, la educación y el mejoramiento de la infraestructura pública.

Con la apretada diferencia en los resultados electorales y la actual conformación de fuerzas, mantener el consenso que facilite la gobernabilidad es, sin duda, uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentará el nuevo gobierno, y de ello dependerá el resultado de su gestión.


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