Argentina, una sociedad anómica
Por Daniel Zovatto
[Septiembre de 2005]
La debilidad del compromiso de la sociedad argentina con la ley y su Constitución
unido a un grave déficit de legitimidad institucional son las principales
conclusiones que surgen de nuestra investigación: Encuesta de cultura
constitucional. Argentina: una sociedad anomica, proyecto conjunto de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional e IDEA Internacional, publicado por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México, y dirigido
por Antonio Maria Hernández, Manuel Mora y Araujo y mi persona.
La desagregación de los datos evidencia los claroscuros que caracterizan
nuestra sociedad. En el terreno positivo, constatamos la alta valoración
que la mayoría de los entrevistados tiene de la Constitución y
el hecho de que el respeto a la ley aparece como el logro más deseado
para la sociedad argentina. La observancia y aplicación de las leyes
son vistas asimismo como el factor más importante para fortalecer la
democracia, junto a la existencia de gobiernos honestos, transparentes y que
rindan cuenta.
Pero de la investigación surgen, de igual forma, con toda crudeza, noticias
muy preocupantes, entre ellas, un bajo grado de conocimiento de la Constitución
junto a un alto nivel de irrespeto por la legalidad. El 86% de la población
entrevistada considera que la Argentina vive la mayor parte del tiempo al margen
de la ley mientras que para el 88% de los entrevistados los argentinos son desobedientes
y transgresores -aunque la mayoría no se ubica a sí mismo en esa
categoría. Particularmente grave es el hecho de que los políticos
en primer lugar (con un 74%) seguidos de los policías (56%), los funcionarios
públicos (49%) y los jueces (41%) sean percibidos como los mayores y
principales violadores de la ley.
En resumen, un orden social e institucional donde la ley no se cumple, no es
respetada por los ciudadanos ni por los dirigentes, y donde el Estado no impone
ni garantiza su cumplimiento, es la visión que una mayoría de
los argentinos tenemos de nuestra propia sociedad. Esa percepción se
extiende al ámbito de la Constitución Nacional y se correlaciona
con la baja confianza en las instituciones del Estado. Es el cuadro, en suma,
de una sociedad anómica.
Estos datos evidencian la gran paradoja que hoy caracteriza a la sociedad argentina.
Por un lado, una gran demanda de legalidad, una alta valoración de la
Constitución y una demanda de líderes capaces de manejarse con
apego a las leyes. Pero, por el otro, una sociedad que conoce y cumple poco
su Constitución, que se autocalifica mayoritariamente como transgresora,
que en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este incumplimiento
prefiere transferirla a los "otros", en la que el 41% opina que hay
momentos en que es necesario desobedecer la ley, el 38% sostiene que si piensa
que tiene razón está dispuesto a ir en contra de lo que manda
la ley, y el 23% que no está dispuesto a obedecer una decisión
que no le gusta aunque esta haya sido adoptada por la mayoría.
Existe asimismo una demanda de igualdad, tema no menor, ya que de su satisfacción
depende en gran medida la credibilidad en las instituciones. En este sentido,
la encuesta pone de manifiesto otro dato preocupante, cual es la alta desconfianza
y falta de credibilidad que afecta a las instituciones, sobre todo al Congreso
y a los partidos políticos.
Particularmente grave es el alto nivel de desconfianza que aqueja a la justicia,
el cual va en aumento a medida que pasamos de los jueces inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Judicial es una piedra fundamental
en todo sistema republicano. Sin embargo, dos décadas después
del inicio de la democracia, las largas demoras de la justicia, las dificultades
para el acceso a la misma, el deterioro de su infraestructura, su falta de independencia
y las sospechas de corrupción que pesan sobre algunos de sus miembros,
han traído un aumento de la desconfianza ciudadana en este poder a la
vez que una fuerte sensación de impunidad.
Encontramos un aceptable nivel de conocimiento sobre el funcionamiento institucional,
si bien se advierte cierto grado de confusión, particularmente en lo
que se refiere a las funciones del Congreso y a las del Presidente de la Nación
en perjuicio del primero y en beneficio del segundo. Ello es un reflejo del
hiperpresidencialismo argentino, que ha violentado de manera sistemática
el equilibrio de poderes previsto en la Constitución Nacional aun durante
estas dos décadas de gobiernos democráticos.
Tampoco existe una defensa sólida en favor de la libertad de prensa,
algo clave para la vigencia de un sistema democrático y republicano,
ya que si bien el 53% está en contra de que el gobierno controle a la
prensa un altísimo 40% está a favor.
Uno de los activos más importantes logrados en los últimos 22
años de vida democrática en la Argentina es que los argentinos
valoran y apoyan a la democracia. Los datos de la encuesta no dejan duda al
respecto, siendo consistentes con muchos otros estudios. A la vez, prevalecen
altos niveles de insatisfacción en relación con el funcionamiento
de la democracia. A nivel comparado latinoamericano, y según datos del
Latinobarómetro 2004, Argentina tiene uno de los niveles más altos
de apoyo a la democracia (72%) pero, al mismo tiempo, un nivel bajo de satisfacción
con su desempeño. Hay un considerable porcentaje de "demócratas
insatisfechos" (34%), pero eso no quiere decir que haya una mayoría
en favor de gobiernos militares o de otro tipo de sistemas no democráticos.
Lamentablemente, este apoyo a la democracia no se ha visto acompañado
de un desarrollo similar en relación con la vigencia de un régimen
republicano y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Por el contrario, lejos
de haber ido consolidándose progresivamente un régimen republicano
democrático, hemos caminado en sentido inverso. Sus atributos principales
-el control ciudadano del poder del estado, el equilibrio de poderes, la transparencia
y la publicidad de la cosa pública-, siguen débiles o ausentes.
Tampoco hemos logrado un fortalecimiento del Estado de Derecho, es decir de
"… la subordinación de todo poder al derecho, desde el nivel
más bajo hasta el más alto" (Norberto Bobbio). Constatamos
en cambio, a la luz de los datos de la encuesta, que existe una falta de correspondencia
entre leyes y creencias. La ciudadanía no cree ni en quien hace las leyes
(congresistas), ni en quien las ejecuta (gobernantes) ni en quien las interpreta
y aplica (justicia); y, a veces, no establece con demasiada precisión
a quien cabe cada una de esas funciones.
Este estado de anomia está reclamando urgentes acciones de reformas
tendentes a desarrollar y arraigar en la sociedad argentina una verdadera "cultura
de la legalidad". Empero, debemos ser conscientes de que no es posible
avanzar por el sendero de las reformas legales sin el correlato de una adecuada
observancia de las mismas, ya que ello produciría en la población
no solo una mayor frustración sino el riesgo de una agudización
de los de por sí ya bajos niveles de credibilidad y legitimidad de las
principales instituciones.
Estamos pues ante un problema complejo, profundo, que no tiene ni puede tener
respuestas simples y puntuales. Su solución demanda, por el contrario,
una estrategia integral, continua y de largo aliento. Es esta una problemática
que no puede ni podrá ser resuelta por un ministerio, o un cuerpo de
inspectores, o una policía mejor preparada e incentivada, ni con ninguna
mejora en algún aspecto parcial de los muchos que conforman este fenómeno.
Tenemos que tomar conciencia que la responsabilidad es compartida, y que compete
no solo a los gobernantes -sobre los cuales pesa obviamente un altísimo
nivel de responsabilidad- sino también a los ciudadanos. Hay que tener
la franqueza y el valor para asumir este diagnóstico y admitir que, tal
como surge de la encuesta, los argentinos somos violadores consuetudinarios
de las normas vigentes, rápidos y competentes en descubrir cómo
violarlas y cómo eludir las sanciones. No pagamos impuestos como deberíamos,
no observamos las reglas de tránsito, estamos preparados para ofrecer
una coima en cualquier momento, buscamos exenciones de todo tipo, tenemos un
sentido de comunidad muy débil, etc. A partir de ahí, el abanico
de comportamientos anómicos o ilegales en la sociedad argentina es asombrosamente
vasto. Somos un país conocido en el mundo por admirar un gol hecho con
la "mano de Dios", por un Congreso que aplaude y celebra la declaración
de un default, por la escasa seguridad jurídica, por la extrema peligrosidad
de conducir por sus calles y rutas, por escándalos recurrentes de corrupción
y altos niveles de impunidad.
Resumiendo, no se trata de exagerar la significación de hechos aislados
y de símbolos que ciertamente pueden ser explicados en su contexto. Pero
tampoco iremos muy lejos si no admitimos que esos hechos son manifestaciones
de una pauta recurrente (una anomia "boba" al decir de Carlos Nino)
que, en definitiva, explica por qué somos una de las sociedades con más
bajo desempeño en el concierto de las naciones. En suma, la anomia que
nos aqueja no es solo antidemocrática sino, además, una de las
causas principales de nuestro subdesarrollo.
Propuestas
De todo lo hasta aquí analizado surge que el objetivo prioritario es
el de lograr la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes,
a los fines de un correcto funcionamiento de nuestras instituciones republicanas
en el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho.
Ello supone la plena vigencia de los derechos, deberes y garantías de
los ciudadanos y un adecuado sistema de equilibrios y controles entre los poderes.
En este sentido y sin pretender efectuar una enumeración exhaustiva,
se recomiendan las siguientes acciones:
1. Fortalecer el accionar del Congreso de la Nación y de los otros cuerpos
legislativos, para el efectivo cumplimiento de sus funciones de legislación
y control político de los órganos ejecutivos. Esto significa terminar
con la legislación de emergencia y las prácticas abusivas de los
decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada.
2. Garantizar la independencia efectiva de los jueces respecto de los poderes
políticos y de otros grupos de presión o interés y llevar
a cabo una reforma profunda de los procedimientos judiciales.
3. Impulsar y profundizar la educación cívica y democrática
en todos los niveles de la educación. No puede olvidarse al gran jurista
austriaco Hans Kelsen cuando sostuvo que la primera obligación de la
democracia era la educación para la misma. Esto importa la revisión
de los planes de estudio en los distintos niveles, tanto del Ministerio de Educación
de la Nación como de las Provincias y Municipios.
4. Crear una Comisión en cada Cámara del Congreso, así
como en las Legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes, para dar adecuado
seguimiento y control al cumplimiento de las leyes y ordenanzas sancionadas.
5. Asegurar la instrumentación efectiva del derecho de acceso a la información
para lograr no solo un gobierno más transparente sino también
una sociedad más participativa e informada.
6. Avanzar en la reforma política, en los aspectos relativos al sistema
electoral, a la democratización, modernización y fortalecimiento
de los partidos políticos, con especial detenimiento en la financiación
de la política. Impulsar, asimismo, la formación y capacitación
de la dirigencia de los partidos políticos, con estudios interdisciplinarios,
entre los que se destaque la ciencia política, el derecho constitucional,
el derecho público provincial, el derecho municipal y el derecho administrativo,
además de la historia argentina y la historia constitucional. En este
sentido se debería dar estricto cumplimiento al artículo 38 de
la Constitución Nacional que ha previsto la asignación de fondos
a los partidos políticos con esta finalidad.
7. Fortalecer la plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión.
Lograr el apoyo de los medios de comunicación, públicos y privados,
para que estos lleven a cabo una campaña pedagógica destacando
la importancia de la Constitución, las leyes y las instituciones.
8. Crear un Centro de la Constitución Nacional, para la conservación,
difusión y estudio de nuestra Ley Suprema, en la histórica ciudad
de Santa Fé, que fuera sede de nuestro primer Congreso Constituyente.
Un notable ejemplo en la materia es el Centro de la Constitución de los
Estados Unidos, inaugurado hace poco tiempo en la ciudad de Filadelfia.
9. Exigir conocimientos de la Constitución en los exámenes para
empleos y cargos públicos que se concursen, así como también
para el otorgamiento de la ciudadanía argentina.
10. Modificar los planes de estudio de las Facultades de Derecho para incluir
la enseñanza del Derecho Público Provincial y del Derecho Municipal,
ya que es esencial profundizar el conocimiento correspondiente a las Constituciones
Provinciales y a las Cartas Orgánicas Municipales.
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