 I. Introducci�n
I. INTRODUCCIÓN
Al inicio del Siglo XXI la situación política de América Latina es radicalmente diferente de la que tenía hace
más de dos décadas. A mediados de 1970, sólo en Costa Rica, Colombia y Venezuela se elegían con regularidad los
líderes políticos mediante procesos electorales abiertos y competitivos. Por ello, y aunque la democracia no sea impecable ni inmune
a las amenazas, es hoy, a excepción de Cuba, la única forma de gobierno en toda la región.
En efecto, América Latina vive desde hace más de dos décadas, el proceso de (re)democratización más largo,
extenso y profundo de toda su historia. Nuestra región viene experimentando una doble transición, que en algunos países es
triple: la primera, del autoritarismo a la democracia; la segunda, de economías fuertemente intervenidas por el Estado y relativamente
cerradas, a economías más abiertas y orientadas al mercado; y la tercera (que aplica sólo a ciertos países), de la
guerra a la paz.
Una de las características centrales de este proceso -iniciado en Ecuador y la República Dominicana, en 1978, en el marco de la
"Tercera Ola" y extendido en etapas sucesivas al resto de los países de la región con la única excepción de Cuba -,
pasa por los desajustes que se han producido entre la política y la sociedad. Para algunos existe no sólo un retraso en las formas de
hacer política, sino también en las formas de pensar la política.
Los partidos y los políticos están en el centro de esta crisis, lo que ha colocado a la política "bajo sospecha" en un buen
número de países de la región. Las encuestas reflejan este malestar con la política y con sus actores. En efecto, en el
2001, según datos de Latinobarómetro, sólo un 25% de los latinoamericanos, como media regional, están satisfechos con
el funcionamiento de la democracia. Cabe asimismo destacar que este descontento, que hasta el año 2000 no había trascendido al campo
de las valoraciones y actitudes respecto del apoyo a la democracia en cuanto sistema de gobierno, cambió radicalmente en el 2001. En este
sentido, la democracia que venía gozando desde 1996 de un firme respaldo de alrededor del 60% cayó al 48% en el 2001.
En cuanto al grado de confianza en las instituciones, vemos que la Iglesia Católica sigue en primer lugar, mientras que los Medios de
Comunicación (especialmente la televisión) y las Fuerzas Armadas están en segundo y tercer lugar respectivamente. Los
últimos puestos se los disputan los parlamentos y los partidos.
Cabe señalar sin embargo, que este malestar no a traído, hasta ahora, en el ámbito regional, una abrupta caída del
nivel de participación electoral (sigue cercano al 70% como promedio regional), a excepción de ciertos países entre los que
destacan por su alto abstencionismo los casos de Colombia, El Salvador y Guatemala.
Este déficit democrático que enfrenta actualmente la región (con diferencias importantes entre los países que la
integran), unido a un difícil contexto económico y social, que pese a sus reformas y avances sigue presentando niveles de crecimiento
bajos y volátiles, combinado con altos porcentajes de pobreza (40%) y de distribución desigual de la riqueza (la peor a escala
mundial), ha generado una creciente preocupación por la salud de la democracia en América Latina en términos de su
profundización, consolidación y perdurabilidad.
Por otra parte, la búsqueda en nuestra región de un desarrollo más acelerado, perdurable y equitativo ha ido pasando por
sucesivos paradigmas. Las luces y sombras del desarrollo latinoamericano durante el Siglo XX no han sido tanto en términos de crecimiento
como respecto a la calidad del mismo en términos de perdurabilidad, cohesión social interna, renovación periódica de
las bases del crecimiento y competitividad internacional. En efecto, América Latina creció mucho durante el siglo pasado y su
progreso social no es despreciable. Sin embargo, seguimos teniendo déficits sociales abrumadores y la posición de la región
dentro de la economía mundial continúa dejando mucho que desear.
En efecto, después de dos décadas de reformas neoliberales, inspiradas en el llamado "Consenso de Washington", y sin perjuicio de
reconocer sus aspectos positivos, los hechos se han encargado de dejar en claro los limites de este enfoque. Por ello, y de un tiempo a esta parte,
el debate viene poniendo énfasis en la necesidad de una segunda generación de reformas, haciendo hincapié en la
dimensión institucional y en una revalorización de la política. En este sentido, unido al creciente reconocimiento del valor
intrínseco de la democracia en cuanto a la libertad y los derechos humanos, existe ahora una aceptación creciente de las
contribuciones positivas de la democracia para el desarrollo (Amartya Sen y Dani Rodrik entre otros).
Este valor instrumental de la democracia ha sido bastante estudiado con relación a los países desarrollados, pero también
parece estar apoyado por un análisis, si bien somero, de la evidencia de nuestros países. Para un conjunto de indicadores de
cohesión social y de eficiencia del Estado, los países de la región con la historia democrática más profunda y
duradera (Costa Rica, Uruguay y Chile), muestran resultados superiores a la media de la región y se comparan aún más
favorablemente con aquellos países de menor desarrollo institucional y político democrático.
De ahí que en nuestra opinión la región necesita no sólo una nueva agenda para la reforma económica sino
también una clara y renovada agenda de reforma política dirigida a tratar de equilibrar, ajustar y sintonizar los sistemas
políticos con las nuevas realidades sociales y las crecientes exigencias de la ciudadanía en búsqueda de mayor y mejor
representación y gobernabilidad. Afortunadamente este proceso ya ha dado inicio en un buen número de países, mediante una
segunda oleada de reformas políticas-electorales, constitucionales y/o legales, si bien en numerosos casos caracterizadas, lamentablemente,
con fuertes resistencias al cambio, sin norte claro, muy cortoplacistas, y en algunos casos peor aún, de neto corte gatopardista.
Por otra parte, y a diferencia de las reformas económicas sobre las que existe un intenso debate y un profuso análisis, el estudio
comparado de las reformas políticas-electorales en América Latina, sin perjuicio de algunos trabajos pioneros en este campo es
anémico, sobre todo en relación con el impacto que las mismas han tenido para la estabilidad y gobernabilidad del sistema, para
mejorar los niveles de representación, rendición de cuentas y transparencia de los actores políticos, así como para el
desarrollo económico y social de la región. Precisamente este trabajo presenta una primera y limitada aproximación comparada
al tema, organizada en torno a cuatro temas principales:
- Reformas del régimen político;
- Reformas del sistema electoral;
- Reformas a los partidos políticos (en especial en materia de financiación y democratización interna); y
- Reformas destinadas a incorporar diferentes mecanismos de democracia directa.
Este artículo está basado en varios de los capítulos del libro "La Política Importa para el Desarrollo", cuyos autores son Mark Pyne, Fernando Carillo y Daniel Zovatto, el cual próximamente publicará el BID e
Idea Internacional así como en el trabajo "Sistemas Electorales en América Latina" de José Enrique Molina y en varios artículos sobre sistemas electorales de Dieter Nohlen.
|
PAISES
