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Biblioteca: Tecnología y voluntad política: el voto informatizado
Por Rafael Dendia
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay
 

El gran desarrollo de la tecnología y, en especial, de la informática en nuestro tiempo responde a la necesidad de dar respuestas rápidas y sencillas a problemas complejos, y esa solución, a su vez, genera una nueva relación dialéctica para la propuesta de otros desafíos que van marcando el avance tecnológico. El desarrollo de la cohetería -no solo de misiles teledirigidos sino de vehículos interplanetarios- no sería posible sin el apoyo informático, ya que es impensable realizar cálculos manuales para corregir, por ejemplo, el curso de un cohete lunar; los grandes matemáticos estarían años calculando hasta poder conseguir una respuesta adecuada al problema planteado. Esta verdad de Perogrullo muy pronto será aplicada también a los sistemas de cómputos electorales, pues el voto informatizado no es sino un escalón en este proceso, que se da en todos los niveles de la actividad humana. En corto tiempo será imposible imaginar el conteo manual de millones de boletines de papel para conocer la voluntad política de un universo electoral.

Recordamos todavía al "contador público", profesional muy respetado en el medio económico y administrativo, que tenía la responsabilidad de llevar los libros contables con fina caligrafía y precisa capacidad de cálculo -suma y resta-, totalizando hoja por hoja en el libro de cuentas los ingresos y egresos, el debe y el haber. Adusto y tranquilo estaba el contador generalmente sentado ocho horas en una especie de santuario inaccesible al común, dedicado a sus cálculos llevados manualmente, hasta que apareció en apoyo de su algoritmia una sencilla "sumadora", donde se introducían los guarismos y luego, mediante el accionar de una palanca, la máquina imprimía las cifras introducidas y la suma total. Nadie dudaba del resultado, en todo caso había que verificar la corrección de las cifras introducidas, pero la totalización era tenida por cierta; había confianza en la máquina. Finalmente, los softwares especiales y las computadoras hicieron obsoleto al contador público en la versión señalada, hoy el mismo está igualmente asistido por la tecnología.

De la misma manera, el escrutador, señor de cuya algoritmia se desconfió siempre, tiende a desaparecer en su versión primitiva, luego de una azarosa existencia. Existirán los miembros de mesas receptoras de votos (MRV), pero fuertemente asistidos por la urna electrónica. Esta maquinita no es sino un microcomputador para uso electoral; en realidad, un totalizador. Es resistente, pequeña, liviana y no decorativa; es autosuficiente en cuanto a energía, se autorregula para funcionar con corriente eléctrica de entre 90 y 240 voltios; sólo sirve para elecciones.

La urna electrónica se compone de dos partes: una que es la terminal del elector: tiene una pantalla en blanco y negro -donde, según el sistema electoral de que se trate, aparece la grilla de oferta electoral de los partidos políticos en casillas con números (en Paraguay no más de dos dígitos)- y un teclado con números de 1 a 0, además de tres teclas adicionales con la leyenda "blanco", "sí" y "no", para que el elector formule sus opciones- y la otra parte es la microterminal de la MRV que también posee un teclado numérico- para digitar el número de cédula de identidad del elector que se presenta a la mesa- y una pantalla -donde aparece el nombre del elector cuya cédula ha sido digitada y el número de orden en que figura en el padrón-; además, posee tres pequeñas señales visuales que informan a la mesa: a) verde encendida: la terminal está disponible para el elector, puede emitir su voto, b) amarilla: que el elector está votando y c) roja, la máquina está trabajando con batería.

Esta urna es ya la modernidad, porque, como cuenta don Ildefonso de Bermejo en la temprana historia política paraguaya, las elecciones eran más simples. Los "bandos" convocaban a elección popular "por voz y son de campanas", se los leía en las iglesias del país, luego de la celebración de la misa mayor y "seguidamente se procedía a elegir a los representantes" del pueblo, elección recaída a propuesta no discutida en la persona del cura párroco, el propietario más respetado o el jefe político quienes iban a la Capital al Congreso convocado y escuchaban a su vez las propuestas de nombramiento de autoridades a las que adherían a viva voz y la "elección" estaba hecha. A penas terminada la guerra, el 24 de noviembre de 1870 -leemos en el Registro Oficial, Pág. 123, Tomo I-, una carta dirigida al Presidente del Gobierno Provisorio de la República desde la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Electoral le informa que "...la Honorable Corporación que preside, en su sesión nº 1 de la noche de hoy ha elegido a V.E. por mayoría de votos Primer Presidente Constitucional de la República del Paraguay, proclamándolo como tal y al Señor don Cayo Miltos vice Presidente...". Así fue elegido don Cirilo Antonio Rivarola.

El Estatuto Electoral Provisorio, contenido en un decreto del 1º de abril de 1870, firmado por Cirilo Antonio Rivarola y Carlos Loizaga, disponía: "Artículo 20. Los votos serán dados verbalmente y a alta voz, no admitiéndose votos escritos. Serán dados por los mismos inscriptos, previa presentación de su boleta, que será confrontada con el registro. Artículo 21. Los escrutadores llevarán por separado dos registros en que escribirán sin interlineaciones blancas, raspaduras ni testadura, el nombre del votante y el número de inscripción haciendo la respectiva anotación de haber votado en el registro cívico y el nombre de la persona por quien diere su voto". Y unos meses más tarde, la Convención, constituida en Asamblea Legislativa, con arreglo al artículo 128 de la Constitución del 70, dictó la Ley de Elecciones de la República del Paraguay. El artículo 33 disponía. "Los votos serán verbales o escritos y todos por los mismos sufragantes". El artículo 34. "Los votos verbales serán emitidos en alta voz por los sufragantes, los escritos serán leídos del mismo modo por el Presidente de la mesa- serán rechazados todos los que no sean personalmente presentados". Obviamente razones antropológicas, históricas, culturales, políticas, económicas y sociales avalan el sistema electoral en cada época y en cada sociedad, y los instrumentos se adecuan a esas realidades.

En 1911 se introdujo por primera vez el voto secreto y la formación de un registro electoral permanente, buscando animar a la ciudadanía a compulsas electorales como modo de dirimir las competencias por el poder y así superar esta situación de anarquía política reinante entonces. Pero ni el registro cívico ni el secreto del voto pudieron ser implementados, dado el estado de violencia.

Un nuevo intento de institucionalización del voto se produjo en 1919, una reforma electoral puso en vigencia el sistema de elección indirecta para las elecciones presidenciales y un sistema de mayorías y minorías para la composición del Senado, correspondiendo un 25% de las bancas a la primera minoría y el resto para la mayoría. Mediante un pacto político, el modelo funcionó formalmente, pero la crisis política no pudo ser superada aún.

Intolerancias e incapacidad de soluciones políticas a los conflictos llevaron al país a una guerra civil en 1947, que duró seis meses. Dos por ciento de la población total quedaron en el campo de batalla y finalmente se instaló en el poder un sistema autoritario e intolerante desde 1954.

No está en nuestra intención hacer un recuento de la historia política paraguaya, solo recordar que desde 1954 hasta 1989 rigió en el República un gobierno militar autocrático en que los periódicos rituales electorales nada tenían que ver con la voluntad política popular, eran vanos intentos legitimadores de un poder de facto. Y recordar al solo efecto de tomar el 89 como punto de partida para revisar el comportamiento electoral en la República en el tiempo inmediato anterior a la propuesta de utilización del voto electrónico.

Cuando, a comienzos de febrero de 1989, se inició el cambio político con un golpe militar que derrocó a la dictadura militar, la conciencia cívica era que la primera tarea a realizar fuera la restitución del sistema democrático, mediante la puesta en vigencia de nuevas reglas de democracia electoral.

En el mismo año 89 se dictó la Ley Nº 10/89, bajo cuya vigencia se realizaron las elecciones generales de mayo de ese año, que permitió a la oposición participar con reglas claras y sobre todo permitió la integración del Congreso mediante un sistema de representación proporcional.

En marzo de 1990 se promulgó el primer Código Electoral que contenía los principios y normas para la constitución, organización y funcionamiento de los partidos políticos, para el proceso electoral y para la organización del registro electoral. La convocatoria a elecciones seguía siendo potestad del Poder Ejecutivo y el juzgamiento, del Legislativo. Toda la administración del sistema electoral también seguía a cargo de la vieja estructura de la Junta Electoral Central, que ya no era patrimonio del partido de gobierno sino había abierto sus puertas a partidos de oposición que tenían, en el organismo electoral, funcionarios en la proporción de la representación parlamentaria.

Bajo la vigencia de esta Ley Nº 1, se llamó a Convención Nacional Constituyente, y la nueva Constitución promulgada en junio de 1992 crea y estructura la Justicia Electoral, encargando a la misma la "convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y cuestiones derivados de las elecciones generales, departamentales y municipales -, pero también de todas las cuestiones relacionadas a consultas populares- así como de los derechos y los títulos de quienes resulten elegidos". También caen bajo el ámbito de su competencia las cuestiones relativas a las elecciones y funcionamiento de los institutos políticos en general.

La Justicia Electoral tiene una doble naturaleza: es jurisdiccional y administrativa. En tal carácter forma parte integrante del Poder Judicial; el Tribunal Superior de Justicia Electoral está compuesto por tres Magistrados nombrados por el Senado con acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. Esa doble dimensión le confiere facultades y responsabilidades peculiares que le posibilitan la permanente actualización de sus instrumentos para el mejor desempeño y eficacia en beneficio de la consolidación de la democracia.

La nueva Justicia Electoral entró en funciones recién en 1995, una vez en vigencia la Ley 635 del 28 de agosto de ese año. Su primera tarea fue la recuperación de la conciencia electoral, de la confianza ciudadana. Se precisaba un sinceramiento del registro electoral y de los padrones. Los utilizados hasta entonces estaban amañados, abultados, incompletos, desactualizados.

En noviembre de 1995, el Congreso dispuso la renovación total del Registro Cívico Permanente. En 120 días la nueva Justicia Electoral posibilitó la utilización del Registro renovado, totalmente informatizado, para la confección de los nuevos padrones a utilizar en las elecciones municipales de 1996.

El registro cívico se conformó según estas pautas: a) donde se inscribe se vota, para facilitar la participación, b) inscripción supervisada por los partidos políticos, para posibilitar el control recíproco, c) las oficinas de Registro Electoral se ubican en todos los distritos electorales, sus funcionarios provienen necesariamente de los tres partidos con representación parlamentaria, con ello se ejercita la cooperación y el diálogo interpartidario.

La pureza lograda de esta forma en el Registro Cívico se cifra en un 98%, lo que nos ubica entre las más eficientes de la región. Nuestro padrón es limpio, transparente y confiable, informatizado, de permanente actualización.

Bajo esta nueva realidad se celebraron las elecciones municipales de 1996, las generales de 1998 y la complementaria de la vicepresidencia de 2000.

Para seguir mereciendo la confianza ciudadana, la Justicia Electoral se esfuerza permanentemente por acceder a nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los servicios en cumplimiento de los mandatos constitucionales y del compromiso con la ciudadanía.

De manera regular trabaja con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, buscando apoyo en la tarea. En 1998 observamos por primera vez las elecciones automatizadas en Brasil; sus ventajas ostensibles nos movieron a intentar su utilización en Paraguay.

Buscamos la alianza de la Organización de Estados Americanos, el apoyo de su asesoría electoral que ya que desde hace seis años coopera con nuestra institución fue decisivo. Nuestra propuesta fue aceptada por la OEA y por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil; el entusiasmo del Presidente de este organismo electoral, Dr. Nelson Azevedo Jobim, y del Señor Santiago Murria, de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA, fue con seguridad determinante. Obtenida la cooperación de ambas instituciones, se pudo dar inicio a un proyecto piloto para la utilización del voto automatizado en Paraguay.

La OEA nos otorgó el aval, gestionó y obtuvo la financiación del proyecto con fondos provenientes del gobierno norteamericano, el TSE de Brasilia nos dio el soporte político y técnico y el TRE de Paraná, la asistencia técnica informática y el programa de capacitación para poner a punto, con nuestros funcionarios especializados, la utilización de las urnas brasileñas en Paraguay. Desarrollamos un sistema de capacitación adecuado a nuestro medio para funcionarios de mesas y usuarios del proyecto, es decir, electores citadinos y campesinos. En un par de semanas de intenso trabajo conjunto, se lograron los ajustes.

Para seleccionar los locales donde debían utilizarse las urnas en este primer plan piloto, se consideraron los siguientes criterios: a) Un municipio plenamente campesino, con escasa movilidad migratoria, para medir el comportamiento del paraguayo "incontaminado" frente a la urna electrónica, resultó Maciel, en Caazapá, a 220 km. de Asunción, donde instalamos 7 urnas para 1.901 electores; b) Un municipio con características de ciudad-dormitorio donde conviven citadinos, campesinos y migrantes, un universo cultural múltiple, resultó San Antonio, a 40 km. de Asunción, donde instalamos 39 urnas, para 11.056 electores; c) Un municipio que comparte parcialmente las dos características señaladas anteriormente en su sector urbano y rural respectivamente, pero que además tiene un alto grado de autoestima y conciencia de capacidad de gestión, resultó Atyrá, a 50 Km. de Asunción, donde instalamos 25 urnas para 7.093 electores; en estos tres municipios se votó en un 100% con urnas electrónicas. Solo se instalaron parcialmente urnas electrónicas en d) Un municipio fronterizo que ya conocía las urnas electrónicas utilizadas en Brasil, a 500 Km. de la Capital, resultó Pedro Juan Caballero, con 8 urnas, para 2.332 electores, un 6,52% de su electorado; e) En Lambaré, un distrito vecino de Asunción, instalamos 8 urnas para 2.413 electores, 4,18% de su electorado, y f) En Fernando de la Mora, también vecino de la Capital, instalamos 4 urnas, para el 1,99% de electores, 1.208 votos.

El TSJE dio participación a los Partidos políticos que compitieron en las elecciones municipales en todo el proceso de preparación y ejecución del proyecto piloto, la carga de las urnas, los controles informáticos y cuanto sea necesario para la transparencia y la confianza. Los partidos se convirtieron en cogestores del proyecto en la convicción de que la utilización de las urnas electrónicas fortalecía no solamente a la democracia nacional sino también a la democracia interna de los partidos. Una ley especial dio el respaldo legislativo al proyecto.

Terminado el "Plan Piloto Urna Electrónica" en noviembre de 2001, vimos que el porcentaje de participación con el uso del voto electrónico se mantuvo en un promedio del 80% aproximadamente, mientras que con el sistema manual se ubicó en un nivel muy inferior, en torno al 54%. Esto se debió posiblemente a la novedad, pero también a la confianza y a la rapidez del nuevo método.

Hechas las evaluaciones del Plan Piloto, constatamos que el uso del voto electrónico garantizó y garantiza:

  1. respeto indiscutido al secreto del voto, los votos emitidos se almacenan en un disco especial, inviolable.
  2. rapidez y facilidad para la votación: cada elector no precisa más que segundos para votar, un promedio de 25 segundos.
  3. seguridad al proceso de votación, las urnas programadas para determinada secuencia no pueden ser alteradas.
  4. fluidez del trabajo de los miembros de mesa, los cuales una vez capacitados ya no comenten errores, labor garantizada.
  5. transparencia electoral, todo el proceso de programación se hace de manera fiscalizada por los actores políticos, pudiendo auditarse en todo momento el trabajo.
  6. elimina el voto nulo que se da por error, no así el blanco que sigue siendo una opción política prevista en la ley.
  7. agiliza el escrutinio, evita las angustias de esperas prolongadas.

Siendo signatario del Protocolo de Ushuaia -Mercosur- y de la Carta Democrática - OEA-, el Paraguay se esmera por actualizar y modernizar su sistema electoral para garantizar los extremos de transparencia y legitimidad democráticos de cada gobierno de la República y de los gobiernos locales. Por ello y luego de la evaluación del "Plan Piloto", el Poder Legislativo autorizó a la Justicia Electoral la utilización del voto electrónico para elecciones internas de los partidos políticos, las municipales y las generales, según la Ley Nº 1890 de septiembre de 2002, disponiendo textualmente "... queda igualmente autorizado la utilización de las urnas electrónicas en las elecciones internas, municipales y generales". Claramente los legisladores querían utilizar urnas electrónicas inclusive para las internas de los partidos políticos, lo que lastimosamente en esta ocasión no fue posible por limitaciones administrativas y logísticas, pero que con apoyo de los partidos políticos han de ser superadas para las próximas internas.

A partir de esa autorización, la Justicia Electoral paraguaya renovó sus convenios con el TSE de Brasil y con la OEA, logrando en préstamo una partida de 6000 urnas electrónicas de parte la autoridad electoral brasileña, bajo la garantía de la OEA, para utilizar en un 53% del electorado, en ocasión de las elecciones generales previstas para el 27 de abril.

El elector campesino se comportó sin inconvenientes frente a las urnas electrónicas en ocasión del "Plan Piloto"; sin embargo, en esta oportunidad utilizaremos el voto automatizado preferentemente en áreas urbanas por razones de mejor organización, capacitación y asistencia técnica; es decir, razones que no califican la capacidad o incapacidad del elector.

Según ha resuelto el TSJE, para el 27 de abril próximo se habilitarán, en 433 locales ubicados en 33 distritos electorales, 4.435 mesas con urnas electrónicas. Pero previamente se desarrolla un programa de capacitación masiva de tal suerte a asegurar el buen manejo de los actores: elector, miembros de mesas y de Juntas Cívicas. Desde la primera semana de febrero se desplegaron en todo el territorio afectado al programa unas 600 "urnas escuelas" preparadas especialmente para capacitar al universo mencionado.

Hay 2250 personas que han de componer las Juntas Cívicas y unas 26.000 personas para integrar mesas receptoras de votos y las personas que deberán votar en urnas electrónicas alcanzan un potencial de 1.300.000.

El entusiasmo por el voto electrónico es comprensible, pues se halla sustentado sobre la verdad electoral indiscutida, la celeridad en el conocimiento de los resultados, el escrutinio automatizado y su impresión en copias suficientes para documentar debidamente a todos los apoderados. Además, la programación de los 452 centros de computación desde donde se transmitirán criptografiados los contenidos de los disquetes rescatados de las 4.435 urnas, garantiza la pronta recepción de los datos electorales en la Sede Central, lo que sin embargo será administrado por el TSJE con la debida prudencia, de tal suerte a consolidar resultados electorales antes de su propalación, para evitar manipulación de resultados parciales.

Para terminar, quiero señalar las fortalezas que nos transmite la votación electrónica en estos ocho puntos siguientes:

  1. El uso del voto electrónico en el Paraguay es el primer paso del proceso de modernización de la infraestructura y profesionalización del personal de la Justicia Electoral. Fortalece a la institución electoral.
  2. La adopción definitiva del voto electrónico apunta a impedir maniobras y manipulaciones fraudulentas que pueden darse en las mesas electorales. Transmite seguridad.
  3. La votación electrónica tiene por finalidad ofrecer a la ciudadanía un escrutinio más ágil y rápido y con ello posibilitar tranquilidad a los actores políticos y electorales. Rapidez es igual a tranquilidad.
  4. Con la votación electrónica el fraude se constituye en una operación más compleja y profesional, una mayor carga y mayor riesgo para quienes quieran intentarlo. Dificulta las pretensiones de fraude.
  5. El proceso electoral en las votaciones electrónicas es más fácilmente auditable y, por tanto, ofrece mayor transparencia. La oferta electoral se procesa con transparencia.
  6. Con la urna electrónica se incrementa la cantidad de votos válidos y se posibilita la merma de abstención electoral, lo que tiene como consecuencia el aumento de la eficacia de la soberanía popular; es, por tanto, una legitimidad mayor la que se obtiene.
  7. No existiendo una casilla preparada para el voto nulo, este no existe, permitiendo la máxima eficacia en la emisión del voto.
  8. Como el voto electrónico no es más que un toque de tecla, la rapidez es considerable, lo que resulta en mayor fluidez del paso del elector, de la utilización de su tiempo y, por tanto, su ánimo para participar.

Por todo esto decimos: Ahora votar es muy fácil.

Rafael Dendía es Abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, realizó estudios de politología en la Universidad de Bonn, becado por la Fundación Konrad-Adenauer, publicó libros y artículos en revistas especializadas sobre temas constitucionales y electorales, es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Filial Coronel Oviedo.

 
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