 III. Cinco criterios de evaluación
III. Cinco criterios de evaluación
A un sistema electoral se le plantean distintas exigencias acerca de su funcionamiento. A continuación, nos ocuparemos solamente de las expectativas realistas sin contemplar aquello que los sistemas electorales no están en
condiciones de garantizar ni las exigencias funcionales ligadas a cuestiones de poder o partidocráticas contingentes. Si se considera el debate sobre sistemas electorales a nivel mundial, será posible distinguir esencialmente cinco
campos en los cuales se manifiestan exigencias:
- Representación: Aquí se trata de reflejar adecuadamente los intereses sociales y opiniones políticas en los órganos representativos. Este criterio se entiende en un doble sentido: por un lado,
representación para todos, de manera que se vean representados los distintos grupos de personas, fundamentalmente las minorías y las mujeres; por otro, representación “justa”, es decir, una representación
más o menos proporcional de las fuerzas sociales y políticas, equivalente a una relación equilibrada entre votos y escaños. Los parámetros de medición empírica son obvios: la falta de
representación de minorías y mujeres, así como desviaciones demasiado grandes de la proporcionalidad, que frecuentemente se entienden como problemáticas.
- Concentración o efectividad: Consiste en la agregación de intereses sociales y opiniones políticas de tal manera que de ellas resulten decisiones políticas y que la comunidad adquiera capacidad de
acción política. Las elecciones se comprenden como un acto de formación de la voluntad política, mas no como una forma de copiar o medir las opiniones dominantes en la población. Los parámetros de la
adecuada capacidad de concentración de un sistema electoral son: a) el número o la reducción del número de partidos que obtienen mandatos en el parlamento, y b) la formación de una mayoría partidaria o de
una coalición que tenga carácter estable en el parlamento.
- Participación: Aquí no se trata de la participación en el sentido común del término -pues las elecciones son en si un acto de participación política, sino de la mayor o menor posibilidad
de expresar la voluntad política por parte del elector y en el marco de la alternativa voto personalizado vs. voto de partido o de lista. Esta alternativa se asocia con un mayor o menor grado de relación, de conocimiento, de
responsabilidad y de identificación entre electores y elegidos. El parámetro para medir una adecuada participación (en el sentido restringido) permitida por un sistema electoral es la forma de votación personalizada. Si
ésta se halla totalmente descartada (por ejemplo: bajo la forma de la lista bloqueada), ello es considerado un déficit participativo.
- Simplicidad: Esta demanda constituye un requisito orientador, pues todo intento de cumplir de forma simultánea con los criterios de representación, efectividad y participación conduce inevitablemente a un sistema
electoral más complicado que aquél que resultaría si se tratara de satisfacer solo uno de los criterios. Sin embargo, es válida la aspiración de que el electorado pueda comprender cómo opera el sistema
electoral y, hasta cierto punto, que estén dadas las condiciones para que pueda prever cuáles serán los efectos de su voto. Por otra parte, es muy difícil señalar un parámetro preciso, dado que la
evaluación depende de contingencias históricas. Otra valoración debe hacerse en caso de que -en democracias aún no consolidadas- el propio sistema electoral retarde el escrutinio y el cómputo de los votos, con el
inconveniente de suscitar dudas o suspicacias respecto a la transparencia de las elecciones.
- Legitimidad: Este último criterio engloba a todos los demás, en el sentido de que se refiere a la aceptación de los resultados de las elecciones, del sistema político como un todo -en otras palabras, de la
democracia- y del sistema electoral, es decir, de las reglas del juego de la democracia. Un parámetro para juzgar el sistema electoral de acuerdo con este criterio puede ser el de observar si dicho sistema sirve para unir o, por lo
contrario, para desunir al país. Los medios de comunicación y algunos miembros de la comunidad académica suelen emplear el grado de abstencionismo como parámetro para medir la legitimidad de un sistema político;
no obstante, el abstencionismo no es tan buen indicador como se supone, ya que: en primer término, el fenómeno de la legitimidad depende de múltiples y diferentes variables; en segundo lugar, no hay una correlación
significativa entre el grado de participación de los votantes en las elecciones y la legitimidad del sistema democrático y, en tercer lugar, los sistemas electorales pueden tener un efecto muy limitado sobre el abstencionismo. Otro
indicador de la legitimidad puede ser la extensión y la profundidad de la crítica que recibe el sistema electoral por parte de la opinión pública. Aquí puede abrirse un verdadero abismo entre la calidad
técnica del sistema, por un lado, y la intensidad de la crítica, por el otro. Por último, se puede averiguar el grado de legitimidad del sistema electoral por medio de encuestas. Este indicador puede tener el inconveniente de
que el encuestado esté mal informado sobre el sistema electoral en cuestión. Asimismo, se presenta la disyuntiva entre un sistema electoral que funciona objetivamente bien y una mala apreciación subjetiva. Así, aunque
sea evidente la necesidad de legitimidad del sistema electoral resulta difícil indagar los parámetros de su presencia o ausencia.
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