 Cuestiones previas
Cuestiones previas
John Quincy Adams escribió en 1828: "La presidencia de Estados Unidos es un cargo que no se busca ni se rechaza. Pagar dinero para
asegurarlo, directa o indirectamente, es, en mi opinión, incorrecto..." Creo que todos los presentes desearían compartir esa
sentencia, pero todos sabemos que es impracticable.
Análisis de los aspectos básicos, sobre los cuales hay consenso entre los científicos en señalarlos como elementos
insustituibles en el análisis de la cuestión. No quiere decir esto que haya unanimidad en el tratamiento de cada tema.
Se reconoce que el problema existe, que tiende a agravarse y que nadie puede tirar la primera piedra. El viejo esquema, dirigido a confiar
exclusivamente en la responsabilidad política de partidos y candidatos, es cosa del pasado. Se reconoce la necesidad de mecanismos para
intervenir el problema y, generalizadamente, se admite que el Estado juega un papel.
Generalmente se acepta que deben limitarse los gastos y las contribuciones. También es casi unánime que se acepte que el Estado,
de manera directa o indirecta, debe asumir al menos parte de los costos en que incurren los partidos o los candidatos.
Se reconoce que el costo de las campañas ha crecido de manera superlativa. En esto juegan su papel el marketing político, el
creciente número de técnicos y consejeros, la proliferación de las encuestas de opinión y, por sobre todo, la necesidad
inagotable de acudir a los medios electrónicos de comunicación, entre los cuales juega un papel determinante la televisión. El
uso de ésta es uno de los temas preponderantes de la discusión en la actualidad. La tendencia de los partidos es a usar la
televisión, no solo mediante intervenciones de los candidatos a la manera tradicionales, sino mediante la utilización de propaganda
(spots), y a buscar su abaratamiento, proponiendo incluso que el Estado asuma los costos o que los medios televisivos tengan la obligación,
incluso gratuita, de difundir los correspondientes mensajes. Aquí se plantea un grave problema fiscal y constitucional, relacionado con la
libertad de expresión. En todo caso, los partidos suelen creer que el uso de la televisión es determinante para el resultado
electoral. Consecuencialmente, creen también los partidos que el dinero tiene gran influencia en los resultados electorales.
Existe la tendencia a crear organismos de control más o menos independientes de los partidos y de otros órganos estatales.
Se ha señalado casi sin vacilación que hay cuatro objetivos en el tratamiento de este tema: evitar la corrupción, buscar la
equidad en la contienda política, reducir el costo de las campañas y preservar la integridad del sistema político.
El decálogo de la financiación de partidos y campañas
A manera de ensayo, podría señalarse que hay una especie de decálogo sobre Dinero y Contienda Política. Algo
así como las Tablas de la Ley que resumen el propósito axiológico envuelto en el tratamiento de esta materia. Una
formulación preliminar podría ser así:
- Habrá transparencia en los ingresos y gastos de las campañas y los partidos. Las cuentas de los partidos serán
públicas.
- La ayuda estatal será aplicada de manera que cree mayor equidad en la contienda política.
- Se buscará evitar la influencia de grupos privilegiados sobre los gobiernos elegidos. El triunfador no debe tomar posesión del
gobierno como si fuera un botín.
- No habrá aportes extranjeros.
- No habrá aportes anónimos.
- No habrá aportes de fuentes vinculadas al crimen o a otras actividades dudosas.
- Habrá organismos dedicados a aplicar estos preceptos.
- Las regulaciones tratarán de impedir al máximo que se vulnere la libertad de expresión política.
- Las regulaciones deben buscar que se requiera menos dinero y no más dinero en la contienda política.
- Se castigará a los infractores.
Las grandes disyuntivas
El paso siguiente es el de señalar los grandes disyuntivas que se encuentran al tratar esta cuestión. Me refiero a aquellos puntos
que encarnan los dilemas principales que tiene que encaras todo aquel que se dedique al estudio de este tema. Podrían dibujarse a mano
alzada de la siguiente manera:
- ¿Financiamiento público o privado?
- ¿En dinero o en franquicias?
- ¿Quién recibe los aportes?
- ¿Límites o incentivos a la financiación privada?
- ¿Deben prohibirse las donaciones de personas jurídicas?
- ¿Cómo se distribuyen los fondos?
- ¿Debe haber límites a los gastos?
- ¿Cómo lograr la transparencia?
- ¿Quién controla?
Análisis del grado de consenso entre los partidos políticos
El problema del doble lenguaje. Las elites y el estado llano. La cuestión de la accountability. Este acápite permite
acometer en estudio de la pregunta formulada en los términos de referencia, a saber: ¿Existen bases de consenso entre los grandes
partidos políticos acerca de la necesidad de contar con mecanismos legales para garantizar una total transparencia sobre el origen, manejo y
aplicación de los recursos financieros?
Al intentar responder a esta cuestión surgirá el problema que hemos denominado como el del doble lenguaje: mientras las
élites de los partidos, sobre las cuales recae un mayor grado de responsabilidad y de escrutinio de la opinión pública, se
muestran favorables a una postura que acepta mayores controles, los políticos de base, en cambio, se manifiestan reticentes a los distintos
avances en la materia, cuando no violan francamente las normas. Sobre este particular, el autor, en asocio de Manuel José Cepeda, tuvo
ocasión de realizar en la Universidad de Los Andes en Bogotá, una detallada investigación sobre el tema, que permite demostrar
experimentalmente la veracidad de este punto, al menos en el caso colombiano.
Los elementos dinámicos en la solución de las alternativas planteadas.
Mirando otro aspecto de la cuestión, podría hacerse una especie de tabla de variables, que muestre la actitud dinámica de
cada partido en función de sus características y la respuesta esperada en cada caso. Un esquema preliminar podría formularse
así:
- A mayor crisis (esto es, a mayor descrédito a consecuencia de cuestionamientos en la opinión), mayor deseo de aumentar la
financiación pública.
- A mayor disgregación de los partidos, mayor énfasis en que la financiación vaya a los candidatos.
- Las franquicias no apagan la sed de dinero.
- A mayor tamaño del partido, mayor interés en adoptar mecanismos de distribución de la ayuda pública en los que
tenga un alto peso el volumen electoral histórico. A menor tamaño más intensa defensa de mecanismos más
neutrales.
- Mientras más nuevo y menos votado el partido, mayor interés en mecanismos basados en la distribución anticipada.
- A más clientelismo, menos aceptación de mecanismos transparentes de control.
- Mientras mayor sea el peso de la opinión en la votación obtenida por un partido, menos resistencia a que los organismos de
control sean verdaderamente independientes.
- Mientras más cerrada y protegida esté la economía, mayor tendencia de los grupos económicos a incidir de manera
determinante en la financiación de la contienda electoral.
- A mayor arraigo y tradición de un partido, mayor resistencia a la prohibición de las donaciones de personas
jurídicas.
Cuadernos de batalla. Guías para la conducción de una reforma.
Es necesario tener conciencia de la imperfección de los mecanismos. Por algo se ha calificado a ésta como la legislación
inacabada.
En consecuencia, es necesario evitar convertir la lucha por la reforma en una especie de "misión" iluminada que corresponde a unos
cruzados ungidos por la verdad absoluta.
Aplicar un procedimiento gradual.
Aminorar la visión paternalista.
No todas las violaciones deben ir al campo penal. Y no todo lo penal debe implicar prisión. La suspensión de la capacidad de ser
elegido, por ejemplo, o la nulidad de la elección, pueden ser suficientes en muchos casos.
Los gobiernos deben asumir el tema desde el principio de los mandatos y, si es necesario, por vías extraordinarias, tales como asambleas
constitucionales o referendos.
No olvidar que la financiación de la contienda es una variable de todo el sistema político y debe ser armónica con el
sistema de partidos y el sistema electoral.
No basta con pedir "real voluntad política". Hay que crearla. La ciudadanía no se organiza, o si lo logra, desmaya muy
rápido en el seguimiento perseverante del tema. Promover la discusión en los medios, a través de ONGs, en las
Universidades.
Atribuir un nuevo papel, más amplio y activo, a los Organismos de Control. En el futuro, no deben limitarse a la labor de vigilancia ex
post facto, sino asumir tareas de educación, promoción de la intervención ciudadana, formación de nuevos votantes,
difusión, etc.
Reconocer que a veces decisiones aparentemente "menores", como la estandarización de las normas contables que deben cumplir los partidos,
o la implantación de un tesorero único, implican grandes avances en la práctica.
Establecer que parte de la financiación este dirigida no a enjugar costos directos de las campañas o de las actividades cotidianas
de los partidos, sino al fomento de la cultura política.
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