Durante el gobierno de De la Rúa, en la brevísima gestión de Rodríguez Saá y en administración de Duhalde, el tema de la reforma política ha ocupado un lugar central en los discursos, los anuncios y
los proyectos, pero es muy poco lo que se ha hecho, salvo en el caso de Córdoba, donde De la Sota llevó adelante un cambio importante en el campo político.
Se realizan anuncios, como el de que se reducirá el gasto político en 800 millones de pesos al año, pero observando el presupuesto de 2002, se verifica que el Congreso de la Nación que el año pasado gastó
437 millones de pesos, ahora gastará 404, lo que implica una reducción de sólo el 7%. Además, durante la primera semana de marzo los legisladores autorizaron un gasto de 61 millones de pesos por encima del tope
establecido por el acuerdo Nación-provincias.
A partir de ésto, no resulta fácil que se implementen reducciones significativas en las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes.
El tema está recurrentemente en los discursos y los anuncios, porque es uno de los reclamos más extendidos en la opinión pública y en especial en la clase media. Pero está muy pocas veces en los hechos, porque la
estructura política clientelista se sigue resistiendo al cambio, pese a las múltiples evidencias de hostilidad hacia la llamada "clase" política.
En mi opinión, es posible realizar una reforma política eficaz, sin necesidad de modificar la Constitución Nacional. Es que si ello fuera necesario, lo más probable es que esta reforma nunca llegaría a
concretarse, dado que modificar la carta magna en el caso argentino, requiere que dos tercios de ambas cámaras declaren la necesidad de la reforma, que se determinen los puntos a modificar, que se haga una elección nacional para
elegir los constituyentes, que se reúna la asamblea y que ésta con las mayorías necesarias sancione la modificación.
Si se trata del costo de la política, el tema no está en reducir la cantidad de legisladores. El Congreso de la Nación tiene 329 legisladores nacionales -72 senadores y 257 diputados- lo que da un gasto para este año de
aproximadamente 1.200.000 pesos por cada uno. Perfectamente podría funcionar con un gasto de la mitad por legislador. Ello permitiría destinar 217 millones al año al área social, lo que permite por ejemplo, financiar un
subsidio de 180 pesos por mes para 100.000 familias indigentes durante todo el año.
Si el Congreso de la Nación hubiese adoptado una actitud de este tipo, no hubiera sido demasiado difícil imponer una reducción del 50% del presupuesto de los cuerpos legislativos provinciales y comunales, multiplicando
así por 6 la reducción mencionada y también por la misma cifra la cantidad de familias indigentes que podrían ser atendidas.
Es decir que para la reducción del llamado "costo político", no hace falta reformar la Constitución Nacional ni sancionar una ley específica. Basta una decisión en el presupuesto nacional que por adhesión o
convenio se extienda a todo el país. Un gesto de este tipo, pudiera haber creado un punto de inflexión positivo para la cuestionada "clase" política.
El otro aspecto relevante es el cambio de la ley electoral, que tampoco requiere modificar la Constitución Nacional. Es cierto que la criticada "lista sábana" no es el origen de todos los males, pero es un sistema cuestionado por la
opinión pública, el que además no contribuye a mejorar la representatividad y la interacción entre el votante y su representante.
No existe un sistema electoral perfecto y éste puede y debe variar, de acuerdo a las circunstancias históricas en que se desenvuelve la sociedad y el sistema político.
Hoy resulta fundamental terminar con el sistema de la lista sábana, el que si bien tiene relevancia en sólo media docena de distritos, en ellos vota más del 80% del padrón electoral nacional.
Cabe destacar que en la mayoría de los países desarrollados, no existe el sistema de lista sábana, el que no es una evidencia de progreso político.
En mi opinión, el mejor sistema para este momento sería el francés, que tiene la elección de los legisladores por circunscripción, pero a diferencia de los sistemas anglosajones, incorporando la doble vuelta para
el caso que el candidato no hubiese llegado al 50% de los votos.
Este sistema permite el conocimiento directo entre votante y representante y da también a las minorías la oportunidad de jugar un rol en la segunda vuelta. En el caso argentino, es importante que se permita la presentación de
candidatos fuera de los partidos en las circunscripciones, con el requisito de haber reunido determinada cantidad de firmas o avales, las que no deben ser muchas. Si el líder de los cacerolazos del Parque Centenario quiere ser candidato, es
conveniente que lo sea, dado que cuanto más se incorporen a la representación política las realidades sociales, más consistencia tendrá el sistema.
El argumento que con este sistema, un partido con el 40% de los votos puede tener el 60% de los representantes o más es real, pero esta situación tiene una ventaja: en una grave crisis política como la que hoy vive la
Argentina, hará más fácil articular las necesarias mayorías parlamentarias para la gobernabilidad.
En conclusión, la reforma política no requiere reformar la Constitución, sino una decisión política de reducir los gastos y reformar la ley electoral que sólo necesita la mayoría del Congreso.
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