"La democracia debe ser más transparente. No nos
debemos ahogar en los problemas económicos. No perdamos de
vista que, luego de veinte años de práctica
democrática ininterrumpida, debemos preocuparnos por
mejorar el sistema."
Alberto Dalla Vía, un hombre de opiniones moderadas en
su doble condición de constitucionalista y de juez,
retoma, durante la entrevista, una y otra vez la idea de
transparencia.
Su nombre cobró notoriedad hace dos semanas cuando,
junto con sus dos colegas en la Cámara Nacional Electoral
-los doctores Rodolfo Munné y Santiago Corcuera-,
firmó una acordada para reclamarle al Gobierno mayor
estabilidad en las normas que rigen el actual proceso
electoral.
La Cámara parece encaminarse a mejorar el
financiamiento de los partidos.
No sólo de los partidos. Toda la política debe
ser más transparente. La gente reclama cambios, pide
más participación y más información.
Como dijo (Samuel) Huntington, el desafío de los tiempos
actuales es conciliar gobernabilidad, legitimidad y
representatividad y esto requiere un aggiornamento de las
instituciones. En la Argentina el problema no es de
instituciones: es de dirigentes.
Los partidos parecen agotados y, encima, son oscuros, su
financiamiento es muy poco transparente.
Los partidos son instituciones imprescindibles de la
democracia. Pero deben perfeccionarse. Max Weber ya
señalaba que el financiamiento es el punto más
oscuro de la democracia. Hasta ahora hubo un control formal. Los
partidos presentaban balances ante el juzgado electoral y
allí quedaban a la espera de que otros partidos los
impugnasen. Algunos jueces, como Servini de Cubría,
requerían la intervención de un perito. Pero, en
general, ningún partido cuestionaba a otro. La nueva ley
impone a la Justicia hacer un control más sofisticado, de
gastos de campaña, de ingresos y de egresos, y obliga a
los partidos a depositar el dinero en ciertas cuentas y nombrar
responsables.
En los Estados Unidos, el soft money sigue siendo en la
actualidad un problema. ¿Ustedes lo van a
controlar?
La Cámara ya se propuso hacerlo antes de la
sanción de la ley, a comienzos de año. En un fallo,
que debe ser seguido por los jueces de primera instancia,
dejó en claro que el tribunal puede controlar no
sólo a los partidos, sino también a las fundaciones
que indirectamente contribuyen al financiamiento.
¿Cómo ve el actual proceso político
desde la Cámara?
Es un proceso difícil dada la magnitud de la crisis y
la necesidad de preservar la llamada “legitimidad de
origen” como fundamento de la autoridad. Muchos
funcionarios de la Cámara con experiencia en procesos
electorales anteriores suelen afirmar que las experiencias que
estamos viviendo son inéditas. “Esto nunca
pasó”, es la frase más escuchada. Al Poder
Judicial le toca en nuestro sistema la función esencial
del control de los actos de gobierno y por eso los jueces con
competencia electoral deben preocuparse por que se cumpla el
cronograma que marcan el Código Electoral Nacional y las
nuevas normas de elecciones internas abiertas.
El tribunal cobró mucho protagonismo.
En absoluto puede decirse que la Cámara, con su nueva
composición, haya buscado notoriedad. Se trata de un
argumento mezquino ante las circunstancias que vive el
país. Nos preocupa lo institucional y resguardar los
derechos electorales de los ciudadanos.
Lo llevo a otro tema, que usted conoce muy bien porque
escribió al respecto: ¿qué opina acerca del
debate que se ha generado sobre si los jueces deben limitarse a
aplicar las leyes o si deben tener en cuenta las consecuencias
económicas y sociales de sus decisiones?
Este debate en buena medida se ha alentado con motivo de las
acciones de amparo interpuestas contra el llamado corralito. Hay
quienes piensan que los jueces deben resolver los casos aplicando
las reglas de la economía, como hacen quienes adscriben a
la corriente del “law & economics”, originada en la
llamada escuela de Chicago, que recomienda resolver los problemas
jurídicos conforme a la solución que resulte
más conveniente desde el punto de vista económico.
No estoy de acuerdo con esa visión. Comparto que los
jueces no debemos ser ajenos a la realidad en que vivimos; en ese
sentido estoy de acuerdo con la visión realista del juez
“situado” que proponía Oliver Wendell Holmes;
pero creo sin embargo que no debe perderse de vista que el
Derecho, como ordenamiento del orden social tiene objetivos
diferentes por cumplir. Su misión es preservar los valores
que enuncia la Constitución nacional.
Usted menciona la Constitución, pero los ciudadanos
saben que la Constitución no se cumple. Y, encima, los
políticos hablan de reformarla.
Yo no le tengo miedo a la reforma. Creo que deberían
ser más frecuentes. Los militares la sacralizaban y no la
cumplieron. Quizá sea bueno reformarla, para ajustar los
mecanismos. Pero lo importante es cumplirla. Los argentinos no
nos caracterizamos precisamente por el apego al cumplimiento de
las normas de ningún orden y la gravedad de la crisis crea
un estado de decepción general que aparece lógico
como estado de ánimo. Por eso, sería absurdo creer
que la Constitución tiene la culpa. Por el contrario, de
la confusión sólo se saldrá construyendo
consensos y -como bien dice Ralph Dahrendorff- para salir de la
“cuadratura del círculo” no debe embestirse
irracionalmente contra las instituciones, sino que debe
reconstruírselas. En la Argentina tenemos una gran crisis
en la dirigencia, pero no creo que se trate de una crisis de las
instituciones.
Entonces, "¿que se vayan todos?"
La frase en sí misma encierra un absurdo. Pero
sería aún más absurdo, un grave error, y una
actitud antidemocrática, rechazar el reclamo popular por
una aparente falta de contenido; hay que interpretarlo. En ese
sentido, bien puede interpretarse como una demanda de mayor
participación y -sobre todo- como un reclamo de recambio
generacional. Los obispos argentinos fueron muy claros en la
llamada Mesa del Diálogo: falta admitir los fracasos.
¿Los jueces también deben irse?
Me resulta difícil responder. Me comprenden las
generales de la ley. Pero cabe recordar que el principio
republicano de alternancia del poder y periodicidad de los
mandatos rige para los integrantes de los poderes Legislativo y
Ejecutivo como garantía para los ciudadanos, del mismo
modo que la inamovilidad de los jueces. No obstante, sería
también una ingenuidad no reconocer que el Poder Judicial
está en deuda con la sociedad. Basta escuchar la
opinión de los usuarios del sistema que son los
justiciables. La Justicia argentina tiene un ejemplo que dar. La
sociedad termina conociendo a sus jueces y es probable que
algunas personas deberían ser removidas, pero nada debe
ser hecho fuera de los mecanismos constitucionales.
Por Adrián Ventura, de la Redacción de LA
NACION
Un negocio en ciernes
Ante las circunstancias actuales, un grupo importante de ONG
afirma que sería conveniente que todo aquello relacionado
con padrones y escrutinio estuviera a cargo de un organismo
autónomo. El caso de México, que posee el Instituto
Federal Electoral, sería uno de los modelos.
"Sinceramente -afirma Dalla Via- no creo que haya razones para
detraer la administración electoral del ámbito del
Poder Judicial. Por el contrario, creo que en un modelo de tipo
presidencialista cualquier organismo autónomo
debería insertarse en la esfera de un poder del Estado y
no sería lógico que estuviera en la órbita
de uno de los poderes políticos cuando es de la esencia
del sistema republicano que el control de los controles sea
ejercido por el Poder Judicial. Además, descreo de la
importación de modelos sofisticados. México ha
invertido muchos millones de dólares en una agencia
electoral como es el Instituto Federal Electoral porque
debió superar muchos años de partido dominante bajo
la órbita del PRI y debe limpiar ese pasado. No es el caso
de la Argentina donde, salvo que nos remontemos a las lejanas
épocas de la "década infame", entre los años
30 y los 40, no tenemos una práctica fraudulenta en las
elecciones, sino todo lo contrario, un sistema electoral que ha
ganado un relativo prestigio, y que tiene un alto grado de
confiabilidad en el escrutinio definitivo a cargo de las juntas
electorales y sujeto al control judicial."
Para Dalla Via, las buenas intenciones que inspiran proyectos
como el mencionado corren el riesgo de propiciar los negocios
privados. "Hay que tener cuidado porque por fuerza deben aparecer
siempre los negocios privados en un proyecto privatizador, a los
que después resultaría muy difícil
controlar. En este punto, la Argentina presenta experiencias
suficientemente elocuentes como para ser muy, muy, cautelosos."
La demorada informatización de la Justicia puede dar lugar
a mejoras. "Hay incorporaciones tecnológicas que
podrían mejorar un sistema de ficheros manuales obsoleto.
De hecho, muchas secretarías están ya
informatizadas y funcionan muy bien. De lo que no hay duda es de
que debemos avanzar sin pausa hacia un sistema de transparencia,
aprovechando las ventajas informáticas, como por ejemplo
Internet. Ya en la elección legislativa de 2001 se
publicaron los padrones generales por primera vez en la red, y
este año hemos dispuesto la publicación del
padrón de electores independientes que pueden votar en
cualquier partido, en la página del Poder Judicial:
http://www.pjn.gov.ar ."
Perfil
Alberto Ricardo Dalla Vía, 45 años, casado y con
tres hijos, viajero incansable -aunque "ya no viajo a dedo", se
lamenta-, integra la Cámara Nacional Electoral.
Constitucionalista con una sólida carrera
académica, es titular de cátedra en las facultades
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la de
Universidad de Belgrano. Es vicepresidente de la
Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la
Asociación Argentina de Derecho Comparado.
Fue asesor de la Unión Industrial Argentina y consultor
de empresas y organismos internacionales.
Ahora integra la nueva generación de jueces, elegidos
por el Consejo de la Magistratura. El salto a la Justicia lo dio
en 1996. Ese año ingresó como juez de un tribunal
en lo civil de la provincia de Buenos Aires y luego, en un
concurso, obtuvo el primer puesto para desempeñarse en la
Cámara de Casación bonaerense, donde nunca fue
nombrado. Hace dos años, mediante otro concurso ante el
Consejo, obtuvo su puesto actual.
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