Parto de una doble premisa. La primera, nuestro sistema presidencial híbrido (Presidente y Jefe de Gabinete) es disfuncional para casos de gobiernos minoritarios o divididos como acabamos de comprobarlo. La segunda, tenemos una relación inadecuada entre el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos que agrava la deficiencia anterior. Hay que salir pues de la rigidez propia del presidencialismo y su propensión al estancamiento.

¿Pero hacia adonde? En dirección a un triple objetivo: (i) mejorar la gobernabilidad sin perder demasiada representación; (ii) fortalecer el sistema de partidos profundizando sus niveles de democracia interna; y (iii) reformular el sistema de financiamiento político. Propongo para ello, a nivel nacional, seis reformas.

1. Adoptar un sistema semipresidencial manteniendo al Presidente y creando la figura del Primer Ministro. El primero electo directamente por el pueblo, por cuatro años y reelegible inmediatamente pero sólo una vez. Después de haber cumplido los dos periodos existe prohibición absoluta de volver a ser Presidente. El segundo, designado por el Presidente pero tomando en cuenta la correlación de las fuerzas parlamentarias. En caso de moción de censura al Gobierno, el Presidente puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Si en estas no logra mayoría o no puede armar un gobierno con apoyo parlamentario deberá renunciar. En este supuesto el Congreso elegirá un nuevo Presidente por el resto del período.
   ¿Y por qué no un sistema parlamentario? En contextos como el argentino donde la imagen del parlamento es mala y la de los partidos pésima, y donde estos últimos carecen por lo general de adecuados niveles de cohesion y disciplina, cuesta imaginar la manera en que el parlamentarismo podría dotar de mayor estabilidad y gobernabilidad al sistema.
   Creo que la "mejor" opción para nuestra realidad y coyuntura ("mejor" en el sentido sartoriano de más fácil de aplicarse) es el semipresidencialismo por su mayor capacidad, si bien no exenta de problemas, para evitar estancamientos y bloqueos en situaciones de gobierno dividido. Como la experiencia francesa lo demuestra, la "cohabitación" es posible, pero demanda madurez y compromiso de parte de los operadores políticos. Por otra parte, un Primer Ministro, a diferencia del actual Jefe de Gabinete, tendría varias ventajas, en especial, permitir una división funcional del trabajo entre el Presidente (jefe de estado) y su Primer Ministro (jefe de gobierno); facilitar una relación mas coordinada y cooperativa entre el Ejecutivo y el Legislativo; y proteger la figura presidencial, actuando como un fusible, en casos de crisis graves.

2. Sistema de mayoría calificada para la elección del Presidente, pero en el entendido de que si ningún candidato saca el 50% más uno de los votos, el Presidente es electo por el Congreso entre los dos candidatos más votados, incentivado de este modo la formación de coaliciones más estructurales y coherentes. La elección del Congreso debe hacerse mediante el sistema de representación proporcional personalizado (sistema mixto similar al alemán).

3. Evitar elecciones por separado del Presidente y del Congreso, eliminando las elecciones intermedias a menos que haya disolución del Congreso. La idea es ayudar al Presidente a contar con mayoría propia en el Congreso maximizando el efecto arrastre del voto presidencial sobre el parlamentario. Establecer una barrera legal del 5% para que un partido tenga derecho a representantes populares con el propósito de reducir la fragmentación parlamentaria.

4. Mantener el sistema de listas cerradas y bloqueadas pero obligando a todos los partidos a celebrar elecciones internas abiertas y simultáneas (todas el mismo día) similar a lo que ocurre en el Uruguay. La mejor manera de democratizar la confección de las listas es vía la democratización interna de los partidos y no a través del voto preferente que fragmenta mucho e instala verdaderas guerras civiles al interior de los mismos.

5. Fortalecer la utilización de mecanismos de democracia semidirecta como el referendo, el plebiscito y la iniciativa popular.

6. El costo de la política puede y debe reducirse sin sacrificar calidad. Hay que entrarle de lleno al tema de la reforma del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Es una vergüenza que desde 1983 nunca se haya podido avanzar en una reforma de este tipo. Deben establecerse condiciones más equitativas para la competencia electoral. Hay que acortar la duración de las campañas (máximo 30 días), poner topes (exigibles y verificables) a los gastos de campaña, establecer una franja gratuita para el acceso de los partidos a los medios electrónicos (TV y radio) que es el gran disparador de los gastos electorales, prohibiendo toda compra comercial de espacios en estos medios. Hay igualmente que establecer límites a las contribuciones privadas, promover la publicidad de las mismas, fortalecer el régimen de sanciones (pasar de las multas a la pérdida de la investidura, más inhabilitación más cárcel si fuera necesario), poner en funcionamiento un verdadero órgano de control y fiscalización, dotado de plena autonomía y con todos los recursos a su disposición, y mejorar los niveles de publicidad, transparencia y rendición de cuentas.

No propongo resolver nuestra crisis política únicamente a punta de reformas institucionales. La ingeniería constitucional tiene sus límites. Por otra parte, muchos de nuestros vicios no son sólo de diseño constitucional, sino de naturaleza metaconstitucional. Es cierto, asimismo, que no hay instituciones que funcionen bien sin la necesaria colaboración de la dirigencia política. No creo en recetas importadas sino en una reforma gradual basada en "adecuaciones funcionales" sucesivas, con pleno respeto de la cultura y del contexto histórico y político en que éstas se desenvuelven. Pero no me cabe duda alguna de que nuestro sistema debe ser repensado. De ahí la urgencia de entrarle a fondo a la reforma política, tanta veces postergada desde el retorno a la democracia, con el objetivo de restablecer la credibilidad en la política y dotar al sistema de mayor legitimidad, gobernabilidad y representación.

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