República Dominicana: una transición difícil
Por Daniel Zovatto
[20 de Mayo de 2004]
Las encuestas no se equivocaron: en la primera vuelta de las elecciones presidenciales
del pasado domingo 16 de mayo, el ex Presidente Leonel Fernández, del
Partido de la Liberación Dominicana (que gobernó entre 1996-2000),
derrotó inapelablemente (56% contra 34%), al actual Presidente Hipólito
Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano. Pese al clima de violencia
en algunas regiones del país, y de desconfianza y denuncias entre las
fuerzas políticas, las elecciones se llevaron a cabo con relativa normalidad
y los resultados fueron respetados. Desde el punto de vista electoral, dos novedades
caracterizaron estas elecciones: la supresión de los recintos cerrados
y la utilización del voto de los dominicanos en el extranjero.
La victoria de Leonel Fernández ha generado un cambio favorable en la
opinión de los agentes económicos. Empero, para que estas expectativas
se afiancen, se requiere de una enorme tarea que debe comenzar antes del 16
de agosto, fecha prevista para el traspaso de poderes.
La Republica Dominicana enfrenta hoy una compleja transición gubernamental,
quizás la mas delicada desde su retorno a la democracia. El país
padece una fuerte crisis financiera y monetaria, combinada con un enorme déficit
en el sector eléctrico, agravado por los altos precios internacionales
del petróleo. Cabe recordar que durante el 2003, la moneda dominicana
se devaluó fuertemente: el dólar pasó de 20 a 50 pesos
en poco más de un año y la inflación alcanzó el
42.6 por ciento.
Adicionalmente, el acuerdo con el FMI está suspendido porque el gobierno
ha incumplido algunos de sus objetivos, lo que obliga a la adopción de
medidas que no pueden esperar hasta mediados de agosto, si se desea evitar una
ruptura que agrave aún más la situación.
Una transición sin sobresaltos es crucial, toda vez que República
Dominicana tiene fuertes compromisos de deuda externa que cumplir en lo que
resta de este año (70 millones de dólares), y que debe cerrar
una brecha financiera en su balanza de pagos de unos 100 millones de dólares.
En este campo, el presidente electo se apresuró a declarar, acertadamente,
que entre sus metas prioritarias está negociar una nueva emisión
de bonos soberanos para el año 2006 que recoja los que se han emitido,
con el fin de reprogramar el pago de capitales, asegurando además que
no caerá en una cesación de pagos y que honrará las obligaciones
internacionales.
Pero estos desafíos, de por sí complejos, no son los únicos
que esperan a Fernández. También cabe mencionar la necesidad de
revaluar la moneda, controlar la inflación, disminuir el desempleo y
mejorar los servicios sociales básicos. En el terreno comercial es muy
probable que el futuro mandatario trate de profundizar el Tratado de Libre Comercio
firmado con Estados Unidos el pasado mes de abril. Los EE UU son el principal
socio comercial del país; de ahí provienen más de $2.000
millones anuales en remesas de emigrantes, la segunda fuente de divisas después
del turismo. Otras dos prioridades de Fernández serán probablemente
impulsar una reforma tributaria -uno de los compromisos asumidos por el Estado
dominicano en el acuerdo stand by (sujeto a condiciones) con el Fondo Monetario
Internacional-, y vender los activos de los bancos quebrados para reponer el
déficit fiscal y estabilizar la moneda local.
Sin embargo, dada la actual correlación de las fuerzas políticas,
donde la composición parlamentaria y de gobiernos municipales es adversa
al Partido del Presidente, el diálogo, la negociación y la concertación
son, en mi opinión, los instrumentos a los que Fernández debería
recurrir para asegurar la gobernabilidad política, generar confianza
y recuperar la estabilidad económica.
En el ámbito político, el triunfo electoral logrado en primera
vuelta constituye una ventaja a su favor, pues le brinda el tiempo suficiente
para entrar en contacto con los presidentes del Senado y de la Cámara
de Diputados (en donde no tiene mayoría), para buscar los acuerdos necesarios
en torno a las medidas que permitan estabilizar la economía. En el ámbito
social, el Diálogo Nacional que coordina monseñor Agripino Núñez
Collado, es el espacio idóneo para articular el consenso y la concertación
con los distintos sectores de la vida económica y social que posibiliten
enrumbar el país.
Resumiendo, los próximos cien días del período de transición
son claves y deben ser aprovechados al máximo para reorientar la economía
y sentar las bases de su futuro crecimiento con estabilidad. La gravedad y la
urgencia de los problemas a resolver demandan medidas de cirugía mayor,
a la vez que evidencian el peligro de continuar maquillando situaciones o postergando
las soluciones.
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