"Bolivia: Referéndum y conflicto de interpretaciones"
por Jorge Lazarte
[21 de Julio 2004]
El referéndum del 18 de julio sin lugar a dudas es un paso gigantesco
en la historia democrática del país. También es fruto de
la tenacidad del Presidente de la República para llevarlo a cabo sorteando
todas las dificultades que encontró en su camino. Los resultados representan
una victoria para el gobierno y un apoyo político al Presidente.
El gobierno ganó las respuesta positivas a sus preguntas, pero con un abstencionismo
alrededor del 40%, más votos blancos y nulos superiores al promedio de
elecciones nacionales, a pesar de tratarse de un tema en principio movilizador.
De todos modos, los resultados abren el camino para cambiar las reglas con las
cuales se habían suscrito los contratos con las empresas petroleras internacionales.
Los que convocaron al boicot no fueron escuchados aún por la gente a la
que representan. Diríamos que ellos son los que perdieron en este referéndum.
Con todo, puede decirse que el referéndum del domingo no ha resuelto los
problemas para los cuales fue convocado. El Congreso Nacional debe aprobar una
nueva Ley de Hidrocarburos en un escenario que seguramente estará marcado
por un conflicto de interpretaciones por las ambigüedades de las preguntas
formuladas.
La apuesta política ganada
El referéndum es un hecho político y fue convocado por otro hecho
político. Sin la crisis de octubre de 2003, que derrocó al gobierno
anterior -el cual se había negado a una consulta nacional sobre el gas-,
no habría sido posible el referéndum. Cualquiera hubiera sido el
gobierno que reemplace al derrocado, no tenía otra mejor alternativa que
viabilizarlo. El presidente Carlos Mesa tuvo que hacerlo y contra sus convicciones
íntimas, por lo menos hasta ese entonces.
Presentadas así las cosas, el gobierno decidió jugarse a fondo al
referéndum y asegurarse de que fuera un éxito político y
hasta el momento lo logró, arrastrando en la ola a los partidos y otros
grupos corporativos, en un principio reticentes y resistentes.
Para ello se apoyó en el respaldo de una población con profunda
aversión al riesgo de lo que vendría después de Carlos Mesa.
Todo ello aisló a los sectores refractarios que terminaron siendo más
un discurso que vivió de los medios, que la realidad del sentimiento de
la población.
Las preguntas formuladas tenían el propósito de establecer los principios
de una nueva política de Estado sobre el gas, abrogar la ley anterior y
reforzar el rol del Estado. Todo ello significa un viraje respecto de la política
privatista de los años ochenta y noventa.
En todo este entramado debe destacarse la actitud viabilizadora del Movimiento
al Socialismo (MAS) que tiene interés en no desestabilizar al gobierno,
pues teme que un eventual descontrol del país podría arrastrarlo
echando abajo su estrategia electoral para los próximos años. Se
sabe que el MAS fue asociado en la formulación de las tres primeras preguntas
por las que este partido hizo votar. La diferencia entre los resultados de la
tres primeras preguntas y las dos últimas, por la cuales llamó a
votar negativamente, puede ser atribuida principalmente a este partido. Por ello
el MAS puede considerarse el segundo vencedor del referéndum.
Los problemas del referéndum
El proceso fue convocado por un Decreto Supremo que reemplazó la ley
exigida por la Constitución Política del Estado. La decisión
del Tribunal Constitucional, a pocos días del acto mismo de la consulta,
reconfortó al gobierno. El Tribunal prefirió no lanzar al país
a una crisis política muy grave si hubiera decidido la ilegalidad del
proceso y para ello tuvo que sostener que allí donde está escrito
"Ley" puede también leerse "Decreto Supremo". Por
su parte, el Congreso Nacional, aunque tardíamente, hizo su contribución
al aprobar una ley reglamentaria del referéndum, incluyendo un artículo
transitorio que legaliza "extraordinariamente" y con carácter
retroactivo el proceso ya avanzado. Respecto a esta ley, que eliminó
el voto obligatorio y estableció mínimos de participación
electoral, nunca fue claro para la población si debía o no valer
para el referéndum del 18 de julio.
El proceso tuvo además fallas visibles de administración y logística;
de estructura y comprensión de las preguntas; de información y
control, que se expresaron entre otras cosas en la "desorganización"
en el día de la votación, como tituló uno de los periódicos
más importantes del país. La ausencia de los partidos como factores
de movilización tuvo su parte en todo ello.
Respuestas equívocas a preguntas ambiguas
Por la forma cómo el referéndum ha sido procesado no debería
sorprender que no pueda cumplir su propio objeto, que es cerrar pacíficamente
una controversia que ha dividido al país y, por ello mismo, sea ya fuente
de nuevas incertidumbres y desafíos
Estas incertidumbres están principalmente vinculadas a la redacción
ambigua de las preguntas que pudo servir para sumar votos, pero que en el Parlamento
puede restar o dividir. Está ambigüedad tenía que producir
inevitablemente respuestas equívocas. Este es el caso de la pregunta
dos, las más votada, que se refiere a la "recuperación"
estatal de la propiedad de los hidrocarburos en "boca de pozo". Durante
el proceso de discusión aparecieron dos interpretaciones de la "recuperación".
Para el gobierno recuperar quiere decir hacia el futuro y, por tanto, no obligatorio
retroactiva y legalmente para los contratos ya suscritos con las empresas petroleras.
La interpretación alternativa, sobre todo del MAS, es política,
y entiende que las nuevas reglas deben también valer hacia atrás.
Para otros sectores sociales radicales "recuperación" quiere
decir "nacionalización" pura y simple. Estas interpretaciones
estuvieron presentes en el sentido del voto de los ciudadanos.
Los responsables políticos participaron también de este flotamiento.
El mismo gobierno presentó su propuesta como "nacionalización
responsable" y el líder del MAS, cuando se refería a la "nacionalización",
subrayaba que no se trataba de "confiscación ni expropiación"
sino de "revisión". Estos deslizamientos semánticos
contarán ciertamente en la disputa de interpretaciones que tendrá
como escenario al Congreso Nacional, que deberá "traducir"
las ambigüedades y aprobar la nueva ley de hidrocarburos. Esta posibilidad
puede tener varias consecuencias políticas:
En primer lugar, distanciar al gobierno del MAS y complicarle sus relaciones
con el Parlamento y con partidos orientados también heterogéneamente
sobre este tema, y preocupados por cálculos de poder y en crisis. En
todo este juego seguirá siendo determinante la posición del MAS,
conflictuado a su vez entre la moderación pública y el radicalismo
de sus bases de apoyo social.
En segundo lugar, si este escenario se prolonga y empalma con preocupaciones
electorales de diciembre próximo, podría crear descontento en
la opinión pública a la cual se le aseguró que se trataba
de un referéndum vinculante, sin intermediarios y en el que la población
decidiría en las urnas al margen de los partidos, pero que luego constata
el retorno de los partidos para decidir en última instancia. Si así
fuera, los radicales derrotados en el referéndum podrían rehabilitarse
a posteriori alegando el "engaño" de la consulta, y ser más
escuchados con la consigna de la "nacionalización" radical.
A ello se pueden adicionar escenarios más mediatos, relacionados con
la aplicación de la iniciativa ciudadana, que los sectores contestatarios
podrían usar para consultar sobre la "nacionalización",
o con la Asamblea Constituyente, que podría reabrir el tema.
Con todo, y en lo inmediato, el gobierno salió fortalecido con el referéndum
y puede usar de un mayor margen de libertad para relacionarse más eficazmente
con el Parlamento mediante una cuidadosa ingeniería política de
concertación difícil. En este proceso seguiría siendo vital
la relación del gobierno con el MAS. Una mayor flexibilidad de ambos,
en un escenario más complicado y deseable de construir, tendrá
sus costos para ambos, tanto del lado de los intereses de las empresas como
del de los radicales del país, pero podría ser la mejor salida
para los dos y para Bolivia.
Resolver la ecuación no será nada simple, lo mismo que definir
esa zona estrecha de negociación aceptable. Con todo, convendrá
recordar que la política consiste en abrir alternativas y no en cerrarlas.
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