Tendencias latinoamericanas

El impacto latinoamericano del referendo de Uruguay

Por Julio Burdman
Observatorio Electoral Latinoamericano
19 de Diciembre de 2003

Los roces diplomáticos recientes entre los presidentes de Argentina y Uruguay, y el generalizado rechazo de los uruguayos a la desmonopolización de ANCAP, merecen varias lecturas que en algún punto se vinculan entre sí.

El referendo votado el 7 de diciembre en Uruguay, por la derogación de la llamada ley de ANCAP -la norma que permitía la desregulación del monopolio que esta empresa petroquímica mantiene sobre la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y sus derivados- trasciende el hecho -no menor- de la reversión de la gradual apertura de la industria energética que se había logrado en esta ley, culminando un debate de varios años en el centro de la escena política de este país. Uruguay no produce petróleo, pero su estado monopoliza la producción, distribución y comercialización de combustibles a través de la empresa pública ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), que desde 1931 concentra buena parte de la actividad económica uruguaya. Su influencia, de hecho, se extiende más allá de la industria energética, ya que produce cemento, bebidas alcohólicas y aceites de uso industrial.

La ley en cuestión, que llevaba el número 17.448, no implicaba una privatización de la empresa pero sí una desmonopolización que hubiera permitido no sólo el ingreso de nuevos jugadores sino también la posibilidad de una asociación con empresas privadas para el desarrollo de productos y emprendimientos conjuntos. Fue derogada por el 62,2% de los uruguayos, superando por casi 10 puntos los pronósticos de las principales encuestadoras basadas en Montevideo, que anticipaban una victoria de la moción de derogación pero del orden del 50-53% de los votos. A favor de mantener la ley fue sostenida por el 35,4% de los votos, mientras que el 2,4% restante sufragó en blanco.

El análisis de la elección destaca, por un lado, que se afianza la tendencia mayoritariamente estatista de la sociedad uruguaya. Uruguay, aún en el auge de los ciclos de privatización y desregulación en la región durante la década del noventa, se caracterizó por ser el país más reticente a las reformas económicas estructurales que aconsejaba el consenso profesional de los economistas y los directorios de los organismos internacionales, que eran a su vez acompañadas por los electorados de los países vecinos. Aunque en sus partidos políticos tradicionales abundan los elementos moderados y conservadores –tanto en el oficialista Partido Colorado como en su antiguo adversario, el Partido Nacional o Blanco- la dirigencia política en general fue reacia a las reformas económicas que, entre otros factores, eran persistentemente rechazadas por la mayoría de la opinión pública. La estructura socioeconómica uruguaya está muy vinculada a la esfera estatal -con la relación per cápita de empleados públicos y de empresas públicas más alta de América latina- y esta ha sido una explicación recurrente de esta resistencia histórica de la sociedad uruguaya a los cambios en materia económica.

La ley de desmonopolización de ANCAP constituía un desafío módico a la rígida estructura del Estado de Bienestar del país, y al estatismo visceral de la opinión pública uruguaya. Reimpulsada por la administración Batlle -la más pro-mercado de las últimas décadas, aunque en términos de las convicciones personales del Presidente y no de sus magros resultados en esta dirección- y aprobada por la coalición parlamentaria de colorados y blancos, obtuvo en el referéndum del 7 de diciembre una considerable derrota política.

Impulsado por el candidato centroizquierdista a la Presidencia para 2004, Tabaré Vázquez (Encuentro Progresista - Frente Amplio), quien lideró la campaña de recolección de firmas para la convocatoria al referendo, fue una victoria de la izquierda sobre el conjunto del sistema político uruguayo. La propuesta a favor de la ley y contra la derogación estaba apoyada no sólo por el presidente Batlle y las figuras del oficialismo, sino también por los ex presidentes Julio María Sanguinetti (Colorado), Luis Lacalle (Blanco) -ambos precandidatos a la Presidencia en octubre de 2004- y hasta por el sector del Frente Amplio que encabeza el senador Danilo Astori.

El triunfo del estatismo en el referendo en Uruguay, asimismo, cobra importancia en cuanto antecedente inmediato de las elecciones presidenciales en octubre de 2004. No necesariamente implica que el apoyo a la derogación se traslade automáticamente a Vázquez -el gran triunfador de la jornada electoral- en dichos comicios, a 11 meses de los mismos. Pero es la última elección antes de las presidenciales, y un punto de referencia inevitable que resulto ser una importante victoria política del Frente Amplio. Las encuestas anticipan desde hace tiempo una victoria de Vázquez en la primera vuelta, y una ballottage reñido a fines de noviembre –y como los ciclos políticos en Uruguay son estables, no es prematuro proyectar este escenario aún a tantos meses de la elección. Ahora, tras el referendo de ANCAP, aumentan las probabilidades de Vázquez para el ballottage.

El apoyo explícito dado por Kirchner y Lula a Vázquez en la Cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo días atrás, con la balconada protagonizada por ambos Presidentes, el candidato Vázquez y el intendente de Montevideo, Mariano Arana. La entrega de la célebre llave de la ciudad se transformó en un inédito acto político regional, casi un festejo por el resultado del domingo 7, que contó con la presencia de numerosos simpatizantes de Vázquez. Lo que provocó la oportuna protesta del canciller Didier Opertiti, ya que el virtual acto atravesaba las fronteras protocolares de la reunión presidencial y de la visita a un país extranjero.

El triunfo del referendum en Uruguay, asimismo, no sólo cobra importancia en cuanto antecedente inmediato de las elecciones presidenciales en Noviembre de 2004, sino que se inscribe en el giro de una tendencia regional. Refiriéndose al ciclo de privatizaciones y reformas pro-mercado a lo largo de la región, la revista británica The Economist habla de un cambio desde la retirada hacia la reversión. Es que, más allá de los resultados electorales 2002-2003, y de las tendencias de la opinión pública que ratifica el Latinobarómetro 2003, una serie de medidas y decisiones de gobierno como la reciente estatización de dos compañías eléctricas en República Dominicana, la postergación de la exportación gasífera en Bolivia (proyecto que, en un contexto de movilización social, detonó la caída de Sánchez de Lozada), y el referendo uruguayo, deshacen los pasos dados en las administraciones anteriores. De esta forma, la derogación de la ley ANCAP no sólo constituye un nuevo episodio a la serie de las reversiones a las reformas económicas de los noventa en la región, y un afianzamiento de la tendencia antireformista que persiste en la opinión pública uruguaya, sino que también favorece el triunfo de Vázquez en las presidenciales uruguayas de octubre próximo. Lula, Kirchner y Vázquez, en la polémica balconada montevideana que genera fuertes roces diplomáticos en el Mercosur, expresan todas esas diversas lecturas que en realidad forman parte de un mismo proceso.