Documentos de trabajo

Evaluación de los Procesos Electorales recientes -2002/2003- y de la primera aplicación de la ley 25.600 (*)

Por Santiago H. Corcuera, Juez de la Cámara Nacional Electoral. Dic-16-03.

Veinte años de vida electoral ininterrumpida sin cuestionamientos que excedan el marco de lo contencioso y las instituciones de la república integradas en los términos de las previsiones constitucionales son, de modo indiscutido, parte del más valioso acervo de la Nación Argentina. Ahora bien, esta circunstancia no puede enmascarar la "deslegitimación" que nuestras instituciones políticas exhibieron a fines del año 2001.

Para formular el contenido de esta presentación se ha intentado exponer sin valoraciones de ningún orden y de un modo solo descriptivo, una realidad que muchas veces no tenemos oportunidad de observar en su conjunto.

Los procesos electorales.

No resulta sencillo sintetizar, sin resultar agobiante, el rol desempeñado por la justicia federal electoral en los 23 procesos electorales realizados este año, que comprendieron -a su vez- más de 63 elecciones para la renovación de cargos de niveles nacionales, provinciales y municipales.

Por eso, esta presentación se ciñe a exponer algunos de los datos más relevantes, que pueden ser útiles para aproximarse a una descripción de las tareas realizadas por el fuero -en materia de administración electoral y en lo estrictamente contencioso judicial- y a recordar algunas de las decisiones que se adoptaron en el marco de las actividades que culminaron con la renovación de 153 cargos electivos nacionales, 737 provinciales y más de 11.000 municipales, bajo el control y la administración de la justicia federal, ello, en función de la ley de simultaneidad.

A) El Sistema de Partidos.

En primer término, parece indispensable dar cuenta de la composición del sistema de partidos existente.

Tenemos actualmente 696 partidos que cuentan con personalidad jurídico política reconocida a nivel federal; es decir, 696 partidos aptos para postular candidatos a cargos públicos electivos nacionales en sus diferentes órdenes. De ellos, 41 (5,89%) son nacionales y 655 (94,11%) de distrito.


Es bueno recordar que los partidos nacionales son aquellos que están habilitados a postular candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, mientras que las agrupaciones que sólo cuentan con reconocimiento en el orden distrital pueden nominar candidatos a cargos nacionales únicamente por el distrito en el que actúan, es decir, diputados y senadores.

Volviendo sobre la estructura del sistema de partidos, la mayoría de los nacionales, veintinueve (29) están reconocidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello implica que los conflictos que se susciten en su seno son resueltos por ante el juzgado federal de la capital. El resto se distribuye en forma homogénea entre los distritos de Buenos Aires (3), Mendoza (2), Córdoba (1), Tucumán (1), Salta (1), entre otros.

Los partidos de distrito, por otra parte, se concentran especialmente en la capital (73), Buenos Aires (55), Córdoba (44), Formosa (35), Catamarca (34), Santa Fé (30), Mendoza (29) y San Juan (29). En las demás provincias tenemos un promedio de 20 partidos reconocidos.

En cuanto a la cantidad de partidos que actúan en la órbita nacional merece destacarse la progresión geométrica con la que han surgido en los últimos años. En el 2000: se reconocieron 7 partidos; en el 2001: 48; en el 2002: 61; y en lo que va de 2003 ya se reconocieron 122 partidos políticos de distrito y 5 alcanzaron el reconocimiento nacional.


No olvidemos, por otra parte, que en julio de 2002 -mediante la misma ley que estableció el régimen de internas abiertas simultáneas (N° 25.611), de lo cual hablaremos luego- se derogó una de las causales de caducidad que mas extinciones partidarias motivaba y que se vinculaba, casualmente, con la exigencia de que los partidos cuenten con un determinado caudal electoral en el distrito en el que actúan.

La previsión en cuestión estaba contemplada en el inc. "c" del artículo 50 de la ley orgánica de los partidos políticos (23.298), y establecía como motivo de caducidad de la personalidad política el "no alcanzar en dos (2) elecciones sucesivas, el 2% (dos por ciento) del padrón electoral".


En virtud de tal disposición, desde 1983 hasta su derogación se declaró la caducidad de 179 partidos, sobre un total de 526 caducidades.

La cantidad restante se distribuía entre las 3 causas de caducidad, que hoy subsisten -previstas en los incs. a; b y d del art. 50-. Es decir:


Mas allá de las obvias implicancias que la fragmentación partidaria tiene en la configuración del sistema representativo argentino, lo que merece destacarse aquí es que, en el ámbito de actuación de la justicia electoral hay un constante aumento del número de sujetos sometidos a su control.

Ahora bien, ya dentro de los partidos, y en lo que respecta a las adhesiones que justifican su existencia por mandato legal, observamos que 8.993.996 ciudadanos se encuentran afiliados a algún partido político, lo que representa un 35,3% de los electores habilitados.-


Un caso paradigmático es el de la Provincia de Formosa, en la cual el 60% de los electores están afiliados a algún partido político.

El sistema de afiliación genera serias complicaciones que ya han sido objeto de señalamiento y consideración.

B) Las Internas Abiertas y Simultáneas Obligatorias convocadas en los términos de la ley 25.611.

Antes de iniciar el tránsito por los comicios nacionales debemos recordar que mediante la ley 25.611 -modificatoria de la 23.298- se estableció la obligatoriedad del régimen de elecciones internas abiertas y simultáneas para la selección de los candidatos a presidente y vicepresidente, y de los candidatos a senadores y diputados nacionales.

Inicialmente, se fijó el 24 de noviembre de 2002 como fecha para la elección interna abierta y simultánea.

Posteriormente, se modificó la fecha y se la previó para el 15 de diciembre de ese año.

Finalmente, la aplicación del régimen de internas abiertas simultáneas fue suspendida mediante la ley 25.684 (B.O. del 3/1/03).

Antes de su suspensión, sin embargo, se adoptaron algunas decisiones que merecen destacarse en razón de los objetivos a los que propendían.

Por Acordada N° 66/02 se dispuso depurar -dentro de lo que permiten las normas vigentes- los registros de afiliados y establecer una fecha de cierre de actualizaciones, ya que en las normas vigentes no se preveía una fecha límite para la inclusión de novedades en el padrón provisorio de afiliados.

Luego, mediante la Acordada N° 68/02 se adoptaron medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos que habrían de participar en esos comicios en razón de las dudas que se plantearon públicamente en torno de los padrones de afiliados. Así se resolvió:

Disponer la publicación del padrón provisional de electores, en el sitio provisto a la Cámara Nacional Electoral por el Poder Judicial de la Nación 1 .

Corresponde precisar que en atención a las características del régimen adoptado que habilitaba a votar en la elección interna de un partido únicamente a sus afiliados y a los ciudadanos sin afiliación política, esta publicación debió contemplar la situación jurídico-política de cada uno de los electores. Así, mediante el ingreso del número de documento, el ciudadano pudo verificar su correcta inclusión en los listados provisionales y su condición de ciudadano "independiente" o "afiliado".

Se dispuso, por otra parte, requerir al Poder Ejecutivo de la Nación -por intermedio del Ministerio del Interior- que informe acerca del esquema de seguridad previsto para el día de los comicios; las medidas que habrían de adoptarse relativas a la distribución, recepción y repliegue de documentación electoral, y -finalmente- que efectúe el aporte presupuestario al Poder Judicial de la Nación, a fin de que éste pueda asumir las tareas extraordinarias que le habían sido encomendadas.

Debemos recordar aquí, que el fuero electoral federal carece de autonomía financiera y no existen en el presupuesto previsiones relativas a su funcionamiento, por lo cual -ante cada proceso electoral que debe enfrentar- depende de la provisión de fondos que remite el Ministerio del Interior.

Por otra parte, mediante la acordada que se comenta, también se exhortó al Poder Ejecutivo de la Nación, para que:

a) Facilite el acceso gratuito por vía informática a las listas provisionales de electores con indicación de la condición de ciudadano independiente o afiliado que se pusieron a disposición de la ciudadanía;

b) Regule un procedimiento gratuito a fin de que aquellas personas que adviertan irregularidades en los listados provisionales de mención, puedan hacer llegar su observación al juzgado electoral que corresponda, con firma certificada;

En tal proceso, vale señalarlo, se registraron 1.000.000 de consultas a través de Internet pero una mínima cantidad de modificaciones a los registros de afiliados. En la Capital, por ejemplo, no más de 7.000 casos.

En la sentencia recaída en la causa "Salvatierra, José Luis s/promueve acción de amparo c/Poder Ejecutivo Nacional 2" se urgió "al Poder Ejecutivo Nacional a que adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el mecanismo de selección de candidatos previsto por la ley 23.298, modif. por ley 25.611". Luego de lo cual, el Poder Legislativo dispuso -por medio de la ya referida ley N° 25.684- suspender la aplicación del sistema de internas abiertas simultáneas "para las elecciones de renovación de mandatos de Presidente, Vicepresidente y Legisladores Nacionales, que vencen durante el año 2003".

C) El Padrón Electoral General.

El sistema argentino es ciertamente peculiar pues se estructura sobre un esquema descentralizado pero la fuente de información es única, el Registro Nacional de las Personas, el cual -por otra parte- depende del Poder Ejecutivo Nacional. El proceso que va desde el enrolamiento de un ciudadano hasta su inclusión en el Registro Nacional de Electores, es -en su faz documental- manual y se instrumenta en soporte papel. Acerca de este procedimiento se han solicitado insistentemente reformas que posibiliten el tratamiento informático de la información, manteniendo sólo un original de la documentación en las secretarías electorales.

Las oficinas enroladoras envían cada cierta cantidad de tiempo (no precisada, por cierto) las fichas al Registro Nacional de las Personas, que debe distribuirlas a los juzgados electorales correspondientes (cf. art. 19, Código Electoral Nacional). Los juzgados informan a la Cámara los cambios de domicilio, las inhabilitaciones, rehabilitaciones, los nuevos enrolados y los fallecidos. (cf. arts. 21, 22 y 23 Código Electoral).

A raíz del cuadro descripto que, obviamente, produce ciertos retrasos y algunas inconsistencias, el fuero electoral ha intentado completar su proceso de informatización, puesto que sólo once (11) de los veinticuatro (24) distritos (Capital Federal; Buenos Aires; Catamarca; Córdoba; Entre Ríos; Jujuy; La Rioja; Salta; Santa Fe; Santiago del Estero y Tucumán) cuentan con un sistema completo para el tratamiento de la información que contienen los padrones.

Y si bien esos distritos representan el 80% del total de electores, únicamente la integralidad del sistema permitirá -entre otras cosas- depurar con mayor eficacia y celeridad los registros nacionales de electores, inhabilitados, y el de afiliados a los partidos políticos, entre otros.

Como se adelantó, el total del registro de electores es administrado por un sistema descentralizado. La falta de seguimiento de una parte incide en los resultados generales. La ausencia de uniformidad en el modo de tratar la información se traduce en una mayor complejidad de los procedimientos para la depuración de la información.

De allí surge la imperiosa necesidad de contar con el universo de distritos electorales bajo la aplicación de un mismo sistema informático, que permita un tratamiento homogéneo de los datos. Así, los objetivos fijados para completar la red nacional electoral son:

Vale la pena poner de relieve que el padrón nacional fue puesto a disposición de la ciudadanía, también, en Internet -más allá de las limitaciones presupuestarias que nos condicionan-.

Este sistema tiene una muy buena aceptación si observamos la cantidad de consultas efectuadas, las cuales ascendieron a 1.200.000 para las elecciones presidenciales de este año, llegando -para los comicios nacionales que se celebraron en todo el país en diferentes fechas- a 8.000.000.

Como un tema no menor, vinculado con lo expuesto, se ha observado la necesidad de que sea el fuero electoral el único competente para otorgar cartas de ciudadanía.

Todo lo hasta aquí expuesto pone de relieve que las nuevas tecnologías aplicadas permitirán lograr un ahorro sustantivo posibilitando que se provean más prestaciones.

La justicia federal electoral se encuentra en condiciones de adecuar sus procedimientos a la implementación de nuevas formas de emisión del sufragio que los poderes políticos puedan decidir adoptar. Esto puede incluir la elección del medio de captura del voto; la logística; la definición del flujo de información posterior al acto, todo ello teniendo en miras la seguridad que debe primar en todo proceso electoral para garantizar la genuina expresión de la voluntad política de los ciudadanos, postulado constitucional irrenunciable.

D) Los Procesos Electorales Generales.

Como se dijo, durante el año 2003 se celebraron 63 elecciones bajo el control y la administración de la Justicia Nacional Electoral, comprendidas en 23 procesos electorales.

La pluralidad de fechas, vale señalarlo, deriva de la ausencia de norma alguna que imponga su unificación, como sí lo establecía la ley 23.229 -derogada en 1991, mediante la N° 23.952-.

Esa norma disponía que "en oportunidad de la renovación parcial de diputados nacionales, el Poder Ejecutivo fijará una única fecha para la realización simultánea de las elecciones en todo el país" (cf. artículo 1). Invitaba, a su vez, a las provincias a "acogerse al régimen previsto por la ley 15.262 y realizar sus elecciones provinciales y municipales en la misma fecha indicada en el artículo anterior" (cf. artículo 2).

Tuvimos, este año -entonces- en 12 fechas diferentes:

La inclusión de las elecciones provinciales y municipales -vale destacarlo- obedece al régimen establecido por la ley de simultaneidad (N° 15.262), que habilita a las provincias a optar, como se dijo, por realizar sus comicios para esas categorías de cargos en forma conjunta con las elecciones nacionales, "bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio" (cf. art. 1°). Y así lo han hecho este año 19 de los 24 distritos en los que -a los fines electorales- se divide la República.

De acuerdo con tal régimen, "en cada distrito, los comicios se realizarán bajo la autoridad superior de la Junta Electoral Nacional respectiva, la cual ejercerá las atribuciones que consigna el artículo 52 de la Ley Nacional de Elecciones" (cf. art. 4 del decr. reglamentario n° 17.265/59). Entre las más destacadas, se encuentran las de:

También las Juntas proclaman a los electos y les otorgan sus diplomas, pero en el caso de los candidatos provinciales la proclamación -según lo dispone el artículo 5° de la ley- es efectuada por la correspondiente autoridad local, a cuyo efecto la Junta Nacional le remite los resultados del escrutinio y el acta final.

Mas allá de la conveniencia o el acierto del régimen de simultaneidad, cuestión que no pretendo abarcar aquí, sí merece destacarse la mayor complejidad que la celebración conjunta de comicios en diferentes órdenes -regidos por sus propias normas- le imprime al proceso electoral, el cual incide tanto en los actos preelectorales como en lo que respecta a su culminación, mediante el escrutinio definitivo y la asignación de cargos.

Tomemos -a mero titulo ilustrativo- una de las etapas iniciales, como es la de oficialización de boletas, y una de las finales, la aplicación de los diferentes sistemas electorales vigentes para las distintas categorías de cargos en juego a la hora de elaborar el escrutinio definitivo.

En cuanto a las boletas, cabe recordar que -además de la remisión al artículo 52 del Código Electoral Nacional- la ley 15.262 expresamente dispone, que "la oficialización de las boletas de sufragio y su distribución quedarán a cargo de la Junta Electoral Nacional, a cuyo efecto las autoridades locales respectivas le remitirán la correspondiente lista de candidatos oficializados" (cf. artículo 3).

Como consecuencia del sistema descripto las Juntas deben oficializar una extraordinaria cantidad de modelos de boletas.

Recordemos, también, que la oficialización de boletas importa no solo verificar que cada uno de los incluidos haya sido registrado y oficializado como candidato -luego de comprobar las condiciones constitucionales y legales para cubrir el cargo- y que se respete el orden de postulación, sino -y principalmente- es menester asegurar la ausencia de cualquier factor que conspire contra la claridad que debe primar en la oferta electoral.

Tomemos los casos de algunas provincias a modo de ejemplo.

En Buenos Aires que eligió -el 14 de septiembre- 35 Diputados Nacionales, al Gobernador y Vicegobernador, 23 Senadores Provinciales, 46 Diputados Provinciales, 134 Intendentes, 916 Concejales y 359 Consejeros Escolares se oficializaron 3350 modelos de boleta.

En Córdoba, que eligió -el 5 de octubre- 3 Senadores Nacionales, 9 Diputados Nacionales, 70 Diputados Provinciales, 230 Intendentes, 370 Jueces de Paz y 1161 integrantes de Tribunales de Cuentas Municipales y Comunales se oficializaron 2114 modelos de boleta.

En Entre Ríos -el 23 de noviembre- se eligieron 4 Diputados Nacionales, al Gobernador y Vicegobernador, 28 Diputados Provinciales, 17 Senadores Provinciales, 73 Intendentes y 618 Concejales se oficializaron 676 modelos de boletas.

En Misiones -el 28 de septiembre- se eligieron 4 Diputados Nacionales, al Gobernador y Vicegobernador, 15 Diputados provinciales, 75 Intendentes, 2 Viceintendentes, y 554 Concejales se oficializaron 900 modelos de boletas.

El total estimado de oficializaciones de modelos de boletas en todo el país -con motivo de las elecciones legislativas nacionales y sus simultáneas provinciales y municipales- es del orden de doce mil quinientas (12.500).

Y tampoco puede dejar de señalarse la cantidad de autenticaciones, es decir, las certificaciones que deben efectuarse para proveer lo que se ha dado en llamar el "voto testigo", que sirve a las autoridades de cada mesa receptora de votos para conocer cuál es el modelo correspondiente al oficializado por la justicia.

También a modo ilustrativo -entonces- tenemos que en Misiones se autenticaron 100.000 boletas; en Córdoba 312.000 y en Buenos Aires 1.434.000. En Santa Fe -distrito que se presenta como un caso paradigmático de la complejidad del régimen- esta tarea importó el trabajo de 30 personas durante 10 días, a razón de 14 horas diarias.

Hasta aquí fue -como se adelantó- una referencia a uno solo de los actos preelectorales administrados por la Justicia Nacional, pero podrían añadirse otros, como el registro de candidaturas -que en el caso de la Provincia de Buenos Aires ascendió a 1.568 listas- o el trámite de conformación de alianzas transitorias, que para las elecciones de Senadores y de Diputados Nacionales significó el reconocimiento de noventa y dos (92) coaliciones, a través de las que participaron trescientos treinta y cinco (335) partidos políticos.


Vale destacar aquí que en las elecciones de Senadores Nacionales participaron ciento cuarenta y dos (142) partidos políticos. Sesenta y ocho (68) de ellos lo hicieron en forma individual, mientras que los setenta y cuatro (74) restantes se presentaron a través de un total de veintidós (22) alianzas. Es decir que un 54% de los partidos que postularon candidatos a Senadores Nacionales lo hizo mediante la constitución de alianzas electorales.


En las elecciones de Diputados Nacionales, por su parte, participaron cuatrocientos cincuenta y ocho (458) partidos, doscientos cincuenta y seis (256) de los cuales formalizaron alianzas y los doscientos dos (202) restantes participaron en forma individual. En este caso, un 56% de los partidos que postularon candidatos lo hizo mediante la constitución de alianzas electorales.

Esta es una circunstancia que tiene efectos al momento de aplicar la ley 25.600, como luego se verá.

Pero como había adelantado, la complejidad del régimen se proyecta durante todo el proceso y hasta la etapa final de elaboración del escrutinio definitivo -en general- en la cual deben aplicarse en forma simultánea mas de 4 sistemas electorales por distrito, en promedio.

Tomemos como ejemplo las elecciones celebradas en Santa Cruz el 14 de septiembre:

En esa provincia se renovaron 115 cargos:

Pues bien, los cargos de diputados nacionales se asignan -como es sabido- mediante el sistema D´Hont, con un piso del 3% de votos, calculados sobre el padrón del distrito.

El de Gobernador y Vicegobernador se designa a simple pluralidad de sufragios.

El caso de los diputados provinciales presenta particularidades mas complejas. Diez (10) de ellos se eligen en forma directa, en distrito único y en tal caso los escaños se distribuyen conforme al sistema D´Hont que rige para los diputados nacionales. También en este caso se exige el piso del 3%.

El resto, se designan catorce (14) por circunscripciones uninominales -uno por cada municipio- con aplicación del sistema de lemas y sublemas, resultando electo el candidato del sublema que, dentro del lema más votado, obtenga el mayor número de sufragios afirmativos válidamente emitidos.

La adjudicación de los cargos de intendentes también es -como el caso del gobernador- a simple pluralidad de sufragios. Pero en este caso rige el sistema de lemas y sublemas.

Los concejales se eligen cinco (5) por municipio, con excepción de Río Gallegos, que elige siete (7). Se aplica también aquí el sistema de lemas y sublemas pero los cargos se distribuyen según el sistema D´Hont -también rige el piso del 3%- que se aplica primero entre los lemas, y luego entre los sublemas.

Finalmente, el representante popular para integrar el Consejo de la Magistratura se designa a simple pluralidad de sufragios.

Y si este proceso se hubiese celebrado el 27 de abril, con la elección presidencial, y las de senadores nacionales, tendríamos que añadir los sistemas propios de esas dos categorías de cargos. Es decir, mayoritario con segunda vuelta para la primera, y de mayoría simple con representación de la primera minoría para el caso de los senadores.

Este esquema de aplicación simultánea de múltiples sistemas electorales se repite en los 24 distritos, cuyos comicios provinciales están regidas por sus propias normas que, obvio es decir, el estado federal no puede alterar.

E) El Escrutinio Provisorio.

Con la culminación del proceso de informatización también se estará en condiciones de elaborar el escrutinio provisorio, que en algunos distritos, como San Luis y Chubut, ya se viene haciendo -en forma paralela al que realiza el Ministerio del Interior-.

En este punto se han planteado algunos problemas. En los procesos eleccionarios, el afán por proclamar un ganador minutos después de cerrado el acto, puede acarrear confusiones, como ya ha ocurrido en -al menos- dos procesos electorales en los que -más allá de la veracidad del resultado- la errónea aplicación de ciertas normas -vgr. no tener en cuenta el piso del 3% para la asignación de los cargos de diputados nacionales o la posibilidad de sumar o no los votos obtenidos por diferentes partidos en la elección de senadores- llevó a la publicación de ganadores que no eran tales.

F) La primera aplicación de la ley 25.600.

No podemos dejar de señalar, en primer lugar, que esta materia fue objeto de preocupación por parte del fuero electoral aún antes de la promulgación de la ley N° 25.600.

En marzo de 2002, la Cámara se pronunció en favor de ejercer un control minucioso del gasto público, al confirmar un fallo del juzgado federal electoral de la Capital Federal relacionado con la presentación del balance correspondiente a la campaña para presidente que concluyó con los comicios del 24 de Octubre de 1999 por parte de uno de los partidos nacionales que participó en tal proceso3 .

Sin embargo, la trascendencia de esa sentencia radica en que, advirtiendo la imperfección de las normas que regulaban la materia, el Tribunal entendió entre otras cuestiones que:

Este procedimiento es el que rige actualmente, aun con posterioridad a la promulgación de la ley 25.600, pues esa norma no regula tales aspectos.

Otras imprevisiones exigieron el dictado de una regulación respecto de las condiciones técnicas de los informes contables partidarios, lo que motivó la Acordada N° 2/2003, en virtud de la cual organizó el funcionamiento del cuerpo de auditores contadores (cfr. artículo 4, inciso "d", ley 19.108), remitiendo a las normas contables que deben observar en cumplimiento de su labor de auditoría y regulando un "balance modelo", a efectos de que la información que deben presentar los partidos sea completa y homogénea, lo cual ha hace comparable.

Gran parte del desafío que impone la aplicación de la ley 25.600, radica en involucrar a todos los actores necesarios para llevar adelante un proceso de control eficiente. El fuero electoral pretendió realizar una tarea de esclarecimiento organizando reuniones de información con actores de los medios masivos de comunicación, legisladores y apoderados de los partidos no sólo en capital sino también en el interior, aún cuando en la práctica sus efectos resultaron limitados.

Como consecuencia de la primera aplicación de la ley 25.600, se han ido precisando sus alcances en varios pronunciamientos judiciales.

Así, se interpretó el artículo 2 en el sentido de que la cuenta única bancaria que cada partido de distrito debe abrir, ha de estar radicada en la provincia de su domicilio. Se destacó que esa norma no puede ser interpretada aisladamente sino que debe ser considerada en conjunto, en forma coherente y armónica con las demás disposiciones de la misma ley (artículo 22 de la ley 23.298) que le impone a los partidos políticos la obligación de constituir domicilio legal en la ciudad capital correspondiente al distrito en el que solicitaren el reconocimiento de su personalidad jurídico-política, y con las normas que regulan la competencia de la justicia electoral nacional4 .

Con relación al informe previo que el artículo 54 impone a los partidos presentar 10 días antes de los comicios se puso de relieve5 que "...tiene como principal objetivo propender al voto informado del elector..." y que por ello no es admisible condicionar la publicación de tal información a una previa consideración técnica. Sobre tal premisa se impuso la directa publicación de toda la información.

Se estableció, también, que "la norma de mención alcanza a los partidos políticos de distrito que conforman una agrupación reconocida en el orden nacional, aun cuando los comicios tengan por único objeto la elección del presidente y vicepresidente de la Nación".

Siguiendo con la misma línea de razonamiento, se resolvió que los partidos que integran una alianza transitoria en los términos del artículo 10 de la Ley N° 23.298 deben cumplir con las previsiones de la ley 25.600. Se explicó, entre otras consideraciones, que "el partido integrante de una alianza no pierde su individualidad, sino que participa -asociado con otros- del proceso electoral postulando candidatos comunes".

Por otra parte, se determinó el alcance temporal de la suspensión de aportes públicos prevista en el artículo 64 de la ley 25.600 para los casos de incumplimiento de las obligaciones que ella establece.

Al respecto, se dejó establecido que la suspensión decretada sólo puede ser reconsiderada cuando el partido dé cumplimiento con la obligación cuya inobservancia la motivó. Ello, sin perjuicio de que -a los efectos de propender al cumplimiento de las disposiciones aplicables- los señores jueces puedan extenderla. Ello siempre que no se trate, claro está, de la presentación extemporánea del informe que prevé el artículo 54 de la ley, puesto que -como se destacó en ese precedente- tal incumplimiento priva a los electores del conocimiento oportuno acerca del origen y destino de los fondos de campaña e impide, por tanto, hacer efectivo el objetivo esencial de dicha norma6 por lo que, en tal caso, la suspensión de los aportes que establece el artículo 64 solo podrá ser reconsiderada en oportunidad de evaluarse el informe final que prevé el artículo 58, momento en el cual el magistrado deberá ponderar los elementos aportados en su conjunto.

También se ha pronunciado el fuero en torno a los alcances de la ley 25.610 que le impuso plazos a las campañas electorales -60 días para el caso de senadores y diputados y 90 días para comicios presidenciales- y se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de tal limitación -alegada sobre la base de una supuesta afectación a la libertad de expresión- explicando que uno de los objetivos de la norma es "poner en igualdad de oportunidades a quienes cuentan con pocos recursos y a aquellos que poseen grandes [estructuras]" y medios destinados a la publicidad7 .

a) Elecciones presidenciales:

De las agrupaciones políticas que participaron en las elecciones presidenciales, ciento ochenta y tres (183) cumplieron con la apertura de la cuenta única que exige el artículo 2° de la ley 25.600 y ciento veintitrés (123) no lo hicieron.


Asimismo, cumplieron con la designación del responsable económico-financiero y del responsable político de campaña, que impone el artículo 7 de dicha ley, ciento noventa y una (191) agrupaciones, mientras que ciento quince (115) no lo hicieron.


Ciento ochenta y cinco (185) partidos dieron cumplimiento a la apertura de las cuentas previstas en el artículo 8 de la ley 25.600.


En cuanto al informe previo que establece el artículo 54, que tiene por objeto propender al ejercicio del "voto informado", tenemos que ochenta y ocho (88) (28,76%) de las trescientas seis (306) agrupaciones que participaron en la elección presidencial efectuaron su presentación. Aunque sólo veinticuatro (24) de ellas lo hicieron en tiempo oportuno -es decir 10 días antes de la celebración de los comicios-. A su vez, de los ochenta y ocho informes presentados, veintiséis (26) fueron observados por alguna razón -que puede ser por la extemporaneidad de la presentación o por deficiencias formales-.

Ciento ochenta y siete (187) agrupaciones fueron intimadas al cumplimiento de la norma de referencia y en treinta y cuatro (34) casos se comunicó al Ministerio del Interior el incumplimiento, a fin de que se suspendan los aportes públicos correspondientes a esos partidos, conforme lo dispone el artículo 64 de la ley 25.600. El resto de los incumplimientos aún no se han sancionado por no haberse culminado el trámite de sustanciación que exige garantizar el derecho de defensa de los partidos.


Con relación al informe final que establece el artículo 58, tenemos que noventa y dos (92) (30,07%) de las trescientos seis (306) agrupaciones que participaron en la elección presidencial efectuaron su presentación. Sólo veinticuatro (24) lo hicieron en tiempo oportuno -es decir, dentro de los 60 días después de los comicios-. A su vez, de los noventa y dos (92) informes presentados veinticinco (25) fueron observados por algún motivo.

Ciento setenta y cinco (175) agrupaciones fueron intimadas al cumplimiento de dicha presentación y en veintitrés (23) casos se comunicó al Ministerio del Interior el incumplimiento, en los términos ya mencionados.

b) Elecciones legislativas:


De las agrupaciones políticas que participaron, doscientos veintiséis (226) cumplieron con la apertura de la cuenta única que exige el artículo 2° de la ley 25.600 y ciento sesenta y siete (167) no lo hicieron.


Doscientos cincuenta y nueve (259) agrupaciones cumplieron con la designación del responsable económico-financiero y del responsable político de campaña, que impone el artículo 7 de dicha ley, mientras que ciento treinta y cuatro (134) no lo hicieron.


Ciento ochenta y un (181) partidos dieron cumplimiento a la apertura de las cuentas previstas en el artículo 8 de la ley 25.600 y no lo hicieron doscientos doce (212).


Ante todo debo señalar que al momento de recopilarse la información no había vencido el plazo para la presentación del informe previo en los cuatro distritos que realizaron sus elecciones el 23 de noviembre, por lo que los datos que se exponen no los comprenden.

En cuanto a ese informe tenemos -entonces- que: ciento cincuenta (150) -40,65%- de las trescientos sesenta y nueve (369) agrupaciones que participaron en las diferentes elecciones legislativas efectuaron su presentación. Sólo treinta y cuatro (34) de ellas lo hicieron en tiempo oportuno. A su vez, de los ciento cincuenta (150) informes presentados, nueve (9) fueron observados.

Ciento noventa y cuatro (194) agrupaciones fueron intimadas al cumplimiento de dicha presentación y en dieciocho (18) casos se comunicó al Ministerio del Interior el incumplimiento, a fin de que se suspendan los aportes públicos correspondientes a esos partidos, conforme lo dispone el artículo 64 de la ley 25.600. El resto de los incumplimiento aún no se han sancionado por las razones ya explicadas al referirme al proceso presidencial.


Con relación al informe final, tampoco se encuentra vencido al día de hoy -en la mayoría de los casos- el plazo de 60 días que establece el artículo 58 para su presentación, por lo que tampoco se incluyen los partidos que compitieron en esas elecciones.

Doce (12) -19,67%- de las sesenta y un (61) agrupaciones que participaron efectuaron su presentación. Sólo cuatro (4) lo hicieron en tiempo oportuno. Ninguno de los informes presentados fue observado.

Cuarenta y nueve (49) agrupaciones fueron intimadas al cumplimiento de dicha presentación y -hasta ahora- no se comunicó al Ministerio del Interior ningún incumplimiento.


Con relación a los expedientes sujetos a auditoría de los recursos y gastos de campaña electoral, sesenta y cinco (65) fueron remitidos al Cuerpo de Auditores. El total de dictámenes emitidos asciende a ciento cuarenta y cinco (145) -este universo incluye también supuestos en los que se aplica la ley 23.298, en atención a la fecha del ejercicio a considerar-, de los cuales cuarenta y nueve (49) son favorables, veinticinco (25) desfavorables y setenta y uno (71) fueron observados.

Este trabajo es sólo una síntesis, de contenido eminentemente cuantitativo, puesto que de lo que se trata fundamentalmente es de dar una idea de la magnitud de las tareas y de los desafíos que debe afrontar la justicia electoral. La calificación de las decisiones que hubiesen podido adoptarse está cargo de la ciudadanía que es, en definitiva, a quien los tribunales deben rendir cuentas.-

(*) Presentación efectuada en el curso del Seminario "Evaluación del proceso electoral y la experiencia de la aplicación de la ley de financiamiento partidario" -organizado por PNUD-Naciones Unidas-IDEA- realizado en Buenos Aires los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2003. Por ello, los datos aquí consignados deben considerarse a esa fecha.