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ELECTORAL Electoral
Elección Federal
[11 de Julio de 2003] (leer)

La dinámica del proceso político en México
Por Arturo Núñez Jiménez
[4 de Enero de 2004]

Al iniciarse la segunda mitad de la gestión gubernamental del Presidente Vicente Fox, se tiene más que acreditado el hecho de que ninguno de los actores políticos ha estado a la altura de las circunstancias, en la nueva realidad política nacional surgida a partir de los comicios del 2 de julio del año 2000.

Como es de recordarse, en aquella fecha la ciudadanía ordenó con su voto la alternancia de partidos en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión sin mayorías absolutas preconstituidas por una sola fuerza partidista. Las elecciones del 6 de julio del 2003 ratificaron la decisión de los mexicanos de mantener a la Cámara de Diputados sin que un grupo parlamentario tuviera por sí sólo la mitad más uno de los legisladores.

Cada una de esas decisiones por sí misma representa desafíos inéditos para el sistema de partidos y el funcionamiento del sistema de gobierno: la alternancia en el poder presidencial, por vez primera después de 71 años de hegemonía priísta, al cambiar el PAN de partido de oposición a partido en el gobierno, y el PRI en sentido contrario, puso a prueba la capacidad de ambas organizaciones partidistas para asumir nuevos roles, lo que les ha significado profundas y graves crisis de identidad. Y Cámaras de Diputados y de Senadores en las que el partido del Presidente no tiene ni tan siquiera mayoría relativa -lo que los especialistas denominan ‘gobierno dividido’ o ‘gobierno compartido’-, que se han caracterizado en su trabajo propiamente legislativo por las dificultades para construir acuerdos, por lo menos en lo que tiene que ver con las llamadas ‘reformas estructurales’.

El politólogo francés Maurice Duverger ha destacado que “la separación de poderes depende, de una parte, del diseño constitucional que exista, pero de otra, y más importante, de la correlación de fuerzas que hay en el parlamento”, y hace ver que un cambio en dicha correlación “... puede ser tanto o más importante para un cambio de régimen político, que reformas constitucionales”.

En tal sentido resulta entendible que si un mismo partido ocupa la Presidencia de la República y la mayoría de los escaños en ambas Cámaras del Congreso, se privilegie la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en ocasiones casi al punto de que se borre la frontera entre ellos, porque ambos postulan y comparten un mismo proyecto. En contrapartida, cuando no coinciden el partido que ocupa la Presidencia y el que tiene mayoría absoluta en el Congreso, o si ninguno la tiene -que es el caso actual en México-, el conjunto o una parte de las fuerzas de oposición pueden darle mayor énfasis a la separación que a la colaboración entre dichos poderes.

Giovanni Sartori es quizá quien ha estudiado más profundamente las dinámicas que pueden darse en sistemas pluripartidistas, que define como aquellos con tres o más partidos relevantes para la toma de decisiones gubernamentales. En cada caso las interrelaciones entre los partidos tienen que ver no sólo con su número, sino también con otros aspectos trascendentes, tales como: la distancia ideológica, la cual se halla condicionada a si las diferencias existentes tienen que ver con asuntos de fondo y decisiones fundamentales, o únicamente con aspectos instrumentales y de matices en las políticas públicas; las estrategias de acción partidista que generan las diferencias ideológicas, que pueden ser centrípetas si son favorables al centro y a los acuerdos, o centrífugas, si resultan desfavorables a ambos y proclives a los extremos; las estructuras internas de los partidos, que explican su funcionamiento, dependiendo si son centralizadas o descentralizadas, rígidas o flexibles, cohesionadas o dispersas, disciplinadas o indisciplinadas, fuertes o débiles; y cómo son las relaciones entre los propios partidos con sus respectivos grupos parlamentarios.

A partir de todas esas categorías de análisis por él propuestas, Sartori identifica tres dinámicas posibles en los sistemas pluripartidistas con tres partidos importantes: 1) la del pluripartidismo moderado, donde de tres actores partidistas, dos se ponen de acuerdo para cogobernar, y el tercero se opone: la dinámica que se genera es bipolar en el eje gobierno-oposición, aunque haya tres actores, y la resultante del proceso político es la gobernabilidad; 2) la del pluripartidismo polarizado, en el cual dos partidos acuerdan oponerse conjuntamente al que está en el poder, no dejándolo gobernar: la dinámica que surge de nueva cuenta es bipolar y el resultado puede ser la ingobernabilidad; y 3) la del pluripartidismo extremo, que se presenta cuando los actores políticos no se ponen de acuerdo ni para cogobernar ni para oponerse, habiendo apenas entendimientos y coincidencias para reproducir en sus bases mínimas al sistema político (como ejemplo, se autoriza el presupuesto anual y se sacan adelante las leyes indispensables) pero no se toman decisiones de mayor aliento y trascendencia que le den dirección al proceso político nacional: la dinámica que surge es multipolar y el resultado es errático con tendencias anarquizantes.

Al día de hoy es difícil pronosticar cuál será la dinámica que tome el sistema de partidos en México, máxime cuando algunos de ellos enfrentan desafíos a su unidad interna cuyo desenlace puede llevarlos a situaciones muy diferentes a las que los caracterizan actualmente. Con todo, de lo que se ha podido ver en los tres años transcurridos, la dinámica sartoriana más parecida es la que corresponde al pluripartidismo extremo, la cual, de confirmarse como tendencia firme, no sería una buena noticia para el futuro del país, salvo que los propios actores políticos decidieran otra cosa, lo que sería lo más deseable para el bien de México.

Abona en la dirección de una dinámica de pluripartidismo extremo -que corresponde por excelencia al mal funcionamiento del régimen presidencial con pluripartidismo-, el hecho de que las reformas de fondo que requiere el país no han sido aprobadas, independientemente del contenido de cada una de ellas, o del juicio de valor sobre dichos contenidos con el que cada quien los evalúe. Lo cierto es que no ha sido posible sacar adelante la reforma fiscal requerida, la reforma eléctrica, la reforma laboral, ni los distintos temas incluidos en la reforma del Estado, por sólo citar las más significativas.

Quizá como ningunas otras las reformas fiscal y eléctrica ponen de manifiesto la mala dinámica que signa hoy el proceso político nacional: al Gobierno no se le proporcionan mayores recursos por la vía impositiva para que pueda financiar sanamente los programas que le permitan atender muchas de las crecientes demandas sociales que enfrenta, lo que llevaría a liberar de cargas fiscales cuasiconfiscatorias a muchas empresas públicas, las cuales estarían así en condiciones de invertir en el mantenimiento adecuado de sus instalaciones y la expansión de sus actividades -como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad-, pero tampoco se permite la apertura del sector eléctrico a la inversión privada, y más aún se pone en duda lo hecho en la materia desde 1992 sin llegar a solución alguna, todo lo cual coloca al país en el peor de los mundos posibles en relación con este asunto prioritario.

Si bien hay otros frentes en los que sería necesario actuar, entre los más evidentes, los de reducir sustancialmente la evasión y la elusión fiscales, incrementar en consecuencia la recaudación tributaria, racionalizar el gasto corriente del Gobierno Federal que ha crecido significativamente el último trienio y distribuir de mejor manera, las facultades y recursos entre los tres órdenes de gobierno, -asunto que seguramente será abordado en la Convención Nacional Hacendaria-, también resulta claro que si no se eleva el coeficiente de tributación, que es uno de los más bajos en el mundo, siempre será más fácil, pero también más irresponsable, apostarle a un mayor precio del petróleo, recurso natural no renovable que por ese sólo hecho debía ser compartido con varias generaciones de mexicanos y no sólo entre las actuales. La disponibilidad de mayores ingresos públicos, de cara a los problemas actuales de nuestro financiamiento para el desarrollo y los requerimientos futuros en materia de pensiones, constituye una necesidad objetiva de la nación, independientemente del partido que la gobierne.

Los teóricos de la política han sostenido que tanto la permanencia de un mismo partido en el poder, como la alternancia entre partidos, son expresiones igualmente democráticas, a condición de que reflejen en forma libre y auténtica la voluntad de la mayoría ciudadana. Sin embargo, algunos de ellos -como Hans Kelsen-, consideran que la alternancia tiene un valor agregado sobre la permanencia de una misma opción durante mucho tiempo, en relación con el comportamiento que cada una de ellas genera en las oposiciones.

Así, se argumenta que el hecho de que un solo partido se mantenga en el poder durante un largo período -que fue el caso de México-, tiende a generar oposiciones irresponsables que asumen que nunca van a llegar a ser gobierno y, por lo tanto, no tienen incentivo alguno en cooperar con quien gobierna. Al suponer que sólo si le va mal al partido en el poder la oposición podrá avanzar, la irresponsabilidad de ésta comienza con la superoferta en las campañas electorales porque estima que no va a triunfar y no tendrá que cumplir promesa alguna, y continúa en la no construcción de acuerdos con el Gobierno si no tiene mayoría legislativa para sacar adelante sus programas -que es ahora el caso de México-.

Se afirma también que, a diferencia de la permanencia de un partido en el poder, la alternancia entre partidos crea incentivos para que la oposición coopere con quien gobierna, lo cual genera una dinámica de corresponsabilidad entre los actores políticos, porque sabiéndose todos ellos con posibilidades de triunfo en la próxima elección, se autocontienen, atemperando su radicalismo irresponsable y la forma de oponerse al que está en el poder. Quieren un trato similar cuando a ellos les toque gobernar, razón más que suficiente para cooperar.

¿Se corresponde ésto que dice la teoría de la democracia con la forma cómo está debutando la alternancia en México? Lamentablemente no. Aquí, lejos de propiciar la corresponsabilidad entre los partidos políticos, el relevo de uno de ellos por otro en la Presidencia de la República ha devenido en ajustes mutuos de cuentas: el PAN desde el Gobierno está empeñado en demostrar el carácter corrupto y represor de los gobiernos priístas; y el PRI, ahora en la oposición, en negar el voto a las iniciativas del gobierno panista en relación con las políticas públicas -fiscal, eléctrica, etc...-, que antes impulsaba desde el poder.

Por su parte, el PRD, si bien es el actor que ha mantenido mayor congruencia en sus posiciones independientemente del juicio de valor que merezcan, parecería apostar su futuro al choque entre PAN y PRI, sin valorar suficientemente la necesidad objetiva de que el Gobierno Federal cuente con mayores recursos, indispensables incluso para financiar sanamente las políticas públicas de corte social que promueven los gobernantes surgidos de sus filas. Es de recordarse al respecto que la falta de recursos financieros impidió alcanzar varios de los objetivos contemplados en el Proyecto Nacional de la Revolución Mexicana, por más nobles, justicieros y deseables que eran.

Siendo preocupantes estos comportamientos porque impiden las decisiones que exige nuestro desarrollo integral, lo son doblemente porque en la actual etapa fundacional de un nuevo régimen político en México están sentando precedentes que no auguran nada bueno para el futuro. Así, de seguir esta dinámica perversa en el proceso político nacional, suponiendo sin conceder como dicen los abogados, si el PRI recupera la Presidencia en el 2006, entonces sería el turno del PAN para obstruir la toma de decisiones, incidiendo en que el país continúe a la deriva; de ser el PRD el triunfador en los próximos comicios presidenciales, el PAN y el PRI serían quienes bloquearían sus iniciativas. Y así hasta el infinito, en un juego de poder donde lo que menos importaría serían los intereses superiores de la nación.

Para que no se perpetúe esta mala dinámica, bastaría tomar en consideración que en medio de las muchas incertidumbres que hoy tenemos sobre el futuro de México -unas deseables, las propias de la democracia; otras no tanto-, deberíamos todos tener una certeza derivada de lo que viene ocurriendo: durante muchos años el país no va a ser gobernado por una sola fuerza política- y qué bueno que así sea, porque ya no es lo deseable-. Hacen un mal cálculo sobre el futuro nacional quienes suponen la reconstitución de la hegemonía del PRI o su sustitución por la hegemonía de otro partido.

Lo que los datos duros de las elecciones nos demuestran es cada vez en mayor medida la fragmentación del voto ciudadano, sobre todo entre los tres partidos con mayor implantación nacional como los conocemos hasta ahora. Lo más probable es que cada seis años vamos a tener Presidente de la República elegido con menos sufragios y Cámaras del Congreso sin mayorías absolutas o calificadas preconstituidas. Ante tal panorama, sólo mediante la construcción de acuerdos será posible sacar adelante al país. Sin las fuerzas políticas persisten en no procesar productivamente las diferencias en el Congreso, se condenaría a México al estancamiento, sino es que al retroceso, precisamente cuando el mundo cambia constante y vertiginosamente en el marco de la globalización. Y no sólo eso: en el ámbito estricto de lo político la población se desencantará, no sólo del gobierno en turno, sino también, lo que es más grave, de la democracia, con el riesgo de que surjan tentaciones autoritarias.

Recordemos que en algunos países las situaciones a que los llevaron sus respectivas clases políticas, crearon las condiciones para que advenedizos llegarán al poder -los llamados en inglés ‘outsiders’- que, cual salvadores, en todos los casos han resultado peores soluciones que los problemas que se propusieron superar. Y en Argentina el reclamo generalizado ha sido: “que se vayan todos”. Ojalá que partidos y políticos lo comprendan y en México no suceda. El 2004, con todo y las contiendas por la elección de diez gobernadores, es la última oportunidad de este sexenio para recomponer las relaciones entre las fuerzas políticas; posteriormente puede ser tarde: la lucha por el poder hacia el 2006 -que por lo demás hace tiempo que empezó polarizará en mayor grado el acontecer político nacional.


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