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Introducción El encuentro también sirvió para avanzar en la consolidación de los partidos políticos como sujetos legítimos de la cooperación internacional. Más de 200 líderes provenientes de 50 partidos en 20 países de la región, coincidieron en que la solución a la crisis de los partidos es de responsabilidad compartida. Por un lado, es necesario que dichas organizaciones se reconcilien con la ciudadanía, promoviendo estructuras más representativas e incluyentes y generando respuestas efectivas a las demandas de la población. Pero por otra parte, es imperativo que la comunidad internacional acompañe estos esfuerzos con una cuota mayor de voluntad política y recursos financieros. En este sentido, se destaca la iniciativa de crear un fondo multilateral para partidos, propuesta por la Internacional Socialista y la Organización Demócrata Cristiana de América. El tercer resultado de la reunión fue la configuración de una agenda interamericana para la reforma y modernización de los partidos y sistemas partidarios. Este marco de acción estratégica es el producto de dos años de trabajo en los que el FIAPP ha promovido el diálogo multisectorial entre partidos, autoridades electorales, sociedad civil, academia y distintos actores afines dentro de la comunidad internacional. Dicha agenda se caracteriza por tener un ámbito de acción externo, donde se definen los temas prioritarios de la reforma a los sistemas partidarios, y otro de carácter interno, en el que se tratan los procesos de fortalecimiento y modernización que se dan dentro de los partidos como organizaciones políticas concretas. Reforma política y sistemas partidarios: cuatro ámbitos
de acción En el tema del dinero en la política se subrayó la urgencia de "deselectoralizar" la actividad de los partidos. Sin perjuicio de que el financiamiento se ofrezca de manera pública privada o mixta, resulta fundamental generar marcos institucionales que permitan un financiamiento permanente de las actividades regulares de los partidos, más allá de las campañas electorales. En este punto el panorama en la región es bastante heterogéneo, ilustró Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia. Países como Bolivia, México, Paraguay, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá otorgan algún tipo de fondos públicos tanto para actividades ordinarias como para gastos de campaña. En Costa Rica, el Salvador, Uruguay y Nicaragua, se financian solamente actividades electorales mientras que, en Brasil, República Dominicana y Guatemala, el dinero del erario está destinado a los partidos mismos. Por otra parte, los regímenes actuales de financiamiento tienen efectos dañinos en la representatividad democrática. El caso de la participación de las mujeres en los parlamentos ilustra bien esta aseveración. Si bien la representación femenina en los congresos latinoamericanos (15%) se encuentra ligeramente arriba del promedio mundial, las diferencias entre los países son dramáticas. Basada en su experiencia como candidata presidencial en Argentina, Elisa Carrió puntualizó que el financiamiento representa un obstáculo diferencial para hombres y mujeres en sus aspiraciones políticas. Otras representantes como Beatriz Paredes, ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional en México, insistieron que más que los gastos estrictamente monetarios, son los costos indirectos y las dificultades de combinar las esferas pública y privada, los que se erigen como verdaderos impedimentos. El ejemplo de las mujeres y su relación con el financiamiento es aplicable a otros sectores subrepresentados como los indígenas, los jóvenes y las minorías étnicas. Los líderes políticos también manifestaron su preocupación por el incremento sustancial en los costos de las campañas electorales, y en particular, por el peso desproporcionado que viene teniendo la televisión en la actividad política. De acuerdo con Juan Rial, consultor uruguayo especializado en temas de medios, los testimonios de los principales líderes asistentes a la reunión sugieren que en Latinoamérica, al menos entre un 60 y 80% de los gastos electorales corresponden a la televisión. Algunos países como Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México han venido abordando este fenómeno otorgando acceso a los medios u ofreciendo franjas gratis a los partidos para que difundan su publicidad. Sin embargo, dada la escasa divulgación de cuentas y la dificultad para recaudar información de este tipo se disponen de muy pocos datos concretos sobre las consecuencias de estas reformas en los gastos de campaña de partidos y candidatos. Justamente en materia de transparencia, un reciente estudio que publicaron conjuntamente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Foro Interamericano sobre Partidos Políticos de la OEA concluyó que "América Latina y el Caribe son las dos regiones del mundo que registran las tasas más bajas en divulgación de ingresos y gastos en las campañas electorales". Según el Secretario General Gaviria, los resultados coinciden con el Reporte de Competitividad Mundial donde se afirma que América Latina es la región con mayores índices de financiamiento político ilegal, es decir, con los mayores indicadores de captura de leyes, políticas y regulación por las empresas. Por lo anterior, el desafío en materia de acceso y divulgación de información es capital, no sólo se requieren de marcos regulatorios proclives a la transparencia, sino también órganos de control independientes dotados de infraestructura y capacidad técnica para esclarecer cuánto cuesta la política, quién la financia y qué consecuencia tiene esto en las acciones de los gobernantes. En cuanto a los sistemas electorales, los asistentes corroboraron el incipiente impulso que se está dando en la región hacia una mayor institucionalización de los partidos y sus procesos de democratización interna. Luis Solari, Congresista de Perú Posible comentó que uno de los puntos más controvertidos en la discusión de la ley de partidos en su país fue los requisitos de territorialidad. "Las comunidades representadas y coordinadas por los partidos, distribuyen el presupuesto de las regiones, por tanto, dicha responsabilidad no podrá recaer sobre partidos que no tienen representación ni presencia en estos territorios". Adicionalmente en Canadá, Ecuador, México, Perú y Nicaragua se han aprobado o debatido reformas sobre la personería jurídica de los partidos; y en Salvador, Guatemala, Panamá y Colombia se han introducido modificaciones a la inscripción de candidatos o umbrales para la constitución de organizaciones políticas (1). En materia de democratización, los partidos están tomando dos caminos; establecer elecciones internas o primarias como en Perú Uruguay, Paraguay y Argentina, o introducir legislación de listas únicas con voto preferente como ha venido sucediendo en Brasil, Colombia, República Dominicana, Perú y Panamá. En su discurso inaugural, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de llamar la atención sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la prevalencia de las instituciones representativas y el ejercicio de la participación a través de los mecanismos de democracia directa. "Los partidos en ninguna circunstancia pueden vivir sin el pueblo, sin el contacto diario con él, sin pulsar sus anhelos y esperanzas, sin oír sus críticas y reclamos" "La democracia participativa tiene que ser el método de relación de los ciudadanos con los partidos y movimientos a los que pertenezcan o habrán de pertenecer. De relación de los ciudadanos con la institución parlamentaria representativa, también con los gobiernos y de manera más puntual con los procesos descentralizadores". La exhortación del Presidente sin duda reafirma que partidos y ciudadanos; democracia representativa y participativa, no son categorías mutuamente excluyentes, sino aspectos de la vida democrática que se deben desarrollar de manera complementaria. No obstante, hay quienes advierten que la utilización de dichos mecanismos debe ser prudente, sobre todo, en países donde la participación y el ejercicio de la ciudadanía no se encuentran institucionalizados y con arraigo en la sociedad. En un análisis comparativo realizado recientemente sobre democracia directa, Daniel Zovatto, Director para América Latina de Internacional IDEA advirtió: "en sociedades como las nuestras, donde la pobreza crece, donde la equidad está retrocediendo y donde la política está "bajo sospecha", si los mecanismos de democracia directa son debidamente utilizados pueden ayudar a contrarrestar la tendencia a la deslegitimación del sistema político. De lo contrario, estos mecanismos, lejos de constituir un instrumento para la participación directa del pueblo en la adopción de decisiones concretas, pueden convertirse en un medio de manifestación del descontento social al margen de los procesos electorales, con consecuencias negativas para la gobernabilidad democrática" (2). La reforma de los partidos como organizaciones políticas
concretas Un elemento adicional que se destaca dentro del ámbito interno de la reforma es la recuperación de la credibilidad de los partidos entre la ciudadanía. Marta Lagos, Directora de la Corporación Latinobarómetro recordó que los niveles de confianza de las dos principales instituciones representativas de la democracia son los más bajos de todos los actores ponderados en la encuesta latinoamericana. Partidos y congresos presentan índices que vienen descendiendo desde 1997, llegando en el 2003 a alcanzar un 11 y 17% respectivamente. Sin embargo, el hecho que los niveles de confianza no correspondan con el caudal de votos obtenidos por los partidos, abre una ventana de oportunidad para la reconciliación de estas organizaciones con la opinión pública. Por esta razón, es una tarea inaplazable reversar la tendencia mencionada por Lagos según la cual, "mientras más gente vota por un partido, menos gente está dispuesta a admitirlo". En este contexto, la integración de los líderes e intereses de los sectores subrepresentados a la vida política es una dinámica importante. Actualmente, la situación de la inclusividad de los indígenas, mujeres, jóvenes y minorías étnicas ya sobrepasó los límites de la simple marginalización. En Guatemala por ejemplo, a pesar de que el 60% de la población indígena, tan sólo ha alcanzado un 12% de representación parlamentaria. Para Mateo Laura, ex prefecto de La Paz y líder Aymara en Bolivia, "los partidos políticos son responsables de la marginación porque no han permitido que los Estados sean multiculturales, multiétnicos y plurilingües". En diferentes puntos de la región, los grupos tradicionalmente excluidos han optado por realizar sus reivindicaciones por vías de facto, lo que ha provocado incluso fracturas institucionales. Nuevamente, el Secretario General Gaviria, alertó sobre la importancia de crear mecanismos extraordinarios que puedan reducir el riesgo de mayores desestabilizaciones. "El simple fortalecimiento de los partidos políticos no es suficiente. Se necesitan pactos o acuerdos con representantes de algunas minorías sobre las reglas del juego democrático. En estos casos la simple utilización de los mecanismos de mayoría democrática resulta insuficiente para tratar a las minorías". Desde una perspectiva de más largo plazo, los partidos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que inviertan en la formación de liderazgo y ciudadanía democrática. La capacitación de los cuadros y las élites dirigentes es un requisito ineludible para lograr la verdadera renovación de los partidos políticos y aumentar su preparación para cumplir sus funciones de carácter ideológico, político, técnico y electoral. Esta reivindicación hace parte de otro tema relevante para la recuperación de la credibilidad: el fortalecimiento de la capacidad de los partidos para diseñar la agenda económica y generar desarrollo social. Para muchos, esta es la verdadera piedra angular de la relación entre gobernantes y gobernados en las democracias contemporáneas. No puede haber reforma política sin reforma económica, ni viceversa. Al respecto, Myriam Méndez-Montalvo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recordó que en América Latina se hace campaña con programas de desarrollo y se gobierna con programas de ajuste estructural, por tanto, la fórmula para fortalecer la capacidad de los partidos para diseñar la agenda económica y generar desarrollo social, pasa por reconciliar la tecnocracia con la política. Pero talvez el componente más innovador de la reunión del FIAPP, fue el esfuerzo por establecer líneas de confianza entre los partidos y diferentes actores pertenecientes a los medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil organizada. Una de las sesiones de discusión denominada "¿Es culpa de los medios la mala imagen de los políticos?" sirvió para reflejar el carácter conflictivo de la relación existente entre estos actores. Elisa Carrió, Diputada Argentina, sostuvo que "la televisión convirtió la política en espectáculo. La ética asociada al relato de los hechos ya no existe en un esquema de sociedad-espectáculo en la cual los políticos son objetos de consumo". Carrió concluyó que el político debe introducir a los medios en su agenda y no dejarse introducir en la agenda de los medios". Alan García fue aun más crítico "la primera falacia de las encuestas está en asumir la racionalidad de la opinión pública. El marketing político convierte a los partidos en maquinarias electorales, legitima a los candidatos y permite ganar elecciones, pero no otorga gobernabilidad". El panorama anterior convierte en prioridad la profundización de espacios de diálogo que contribuyan a mejorar el intercambio entre líderes partidarios, periodistas, expertos en opinión pública y consultores de marketing político, tanto en época de campaña como en el ejercicio del gobierno y la oposición. En contraste, los representantes del empresariado sugirieron algunos ejemplos para aprovechar su relación con los partidos políticos de una manera positiva. Carlos Reynaldo Lacayo, Director del grupo económico CALSA resaltó que en Nicaragua el sector privado otorga ayuda no tradicional al gobierno, prestando tiempo no remunerado para servir en las juntas directivas de las compañías públicas y adoptando códigos de ética empresariales que sirvan para combatir la corrupción. Lacayo indicó que el aporte del sector económico es más valioso cuando se asocia con políticas programáticas que con la política en sí. De igual forma, Luis Felipe Bravo Mena, Presidente del Partido Acción Nacional de México indicó que la relación con el sector privado no debe entenderse sólo en términos de transacciones. Según Bravo existen tres niveles relacionales: primero, en el que los empresarios también son ciudadanos militantes que pueden ocupar puestos de elección popular; segundo, cuando los partidos y el sector privado establecen diálogos formales e institucionalizados a través de sus dirigencias; y tercero, cuando dicha relación se da por medio del cabildeo formal e informal. Finalmente, en el marco del FIAPP se ha estimulado una actitud cooperativa entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. En alianza con la Red Interamericana para la Democracia, organización que congrega a más de 250 organizaciones no gubernamentales en el hemisferio, se han identificado áreas en las que la acción de los dos actores se puede desarrollar de manera complementaria. La instalación de grupos técnicos de apoyo a la tarea legislativa, la fiscalización de los flujos del financiamiento político, el seguimiento y vinculación a la agenda gubernamental y la promoción de la educación para la democracia son tan sólo algunos ejemplos de dichos escenarios de trabajo conjunto (3). En suma, como parte de la reforma a los partidos, las relaciones entre la sociedad política y civil deben superar la lógica de la simple rivalidad por una donde prime la acción complementaria. Foro Interamericano sobre Partidos Políticos de la
OEA
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