 1. Introducción
1.- INTRODUCCION.
La vigencia del estado constitucional de derecho enfrenta en la actualidad grandes desafíos de los cuales parece depender sustancialmente el fortalecimiento del sistema democrático.
Sin lugar a dudas, el rediseño de la representación política constituye uno de los desafíos: es necesario reconstruir la relación entre representantes y representados, relación hoy sumamente conflictiva que ha llevado a plantear en los sistemas políticos en general y, muy particularmente en el caso argentino, una aguda crisis de representación.
Esta crisis hace evidente un quiebre en dos aspectos diferenciados de la vinculación entre ciudadanía e instituciones: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio como presupuestos básicos para ajustar la relación entre el ejercicio del poder político y las necesidades de la sociedad. Tal como señala el politólogo Daniel Zovatto, "los partidos y los políticos están en el centro de esta crisis, lo que ha colocado a la política 'bajo sospecha' en un buen número de países de la región. Las encuestas reflejan este malestar con la política y con sus actores. En efecto, en el 2001, según datos de Latino barómetro, sólo un 25% de los latinoamericanos, como media regional, está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Cabe asimismo destacar que este descontento, que hasta el año 2000 no había trascendido al campo de las valoraciones y actitudes respecto del apoyo a la democracia en cuanto sistema de gobierno, cambió radicalmente en el 2001. En este sentido, la democracia que venía gozando desde 1996 de un firme respaldo de alrededor del 60% cayó al 48% en el 2001"3 .
Resulta, entonces, evidente que el fortalecimiento del sistema democrático constitucional no puede soslayar la consideración de sus pilares: el ciudadano, el sistema electoral, el partido político y el gobierno. En relación con ello, y tomando como base el texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, es posible observar que los constituyentes tuvieron la preocupación de consignar en estos temas mandatos constitucionales expresos. Es posible revisar, así, cuestiones tales como la reforma del sistema electoral, del régimen de partidos políticos y la instrumentación de mecanismos de democracia directa.
Y, en este sentido, es importante señalar que muchas de las modificaciones factibles en estos temas no requieren de una reforma constitucional. En efecto, mediante el dictado o la derogación de normas infraconstitucionales, es posible encontrar nuevas respuestas o alternativas que faciliten el cambio, que acerquen instrumentos de renovación.
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